La titular de la delegación cordobesa del Instituto Nacional Contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI), Adriana Domínguez, aseguró ayer a EL DIARIO que el “derecho de admisión es anticonstitucional”.
La declaración fue efectuada cuando se le consultó sobre las denuncias en la red social Facebook de ciudadanos que dicen haber sido discriminados en la puerta de un boliche de esta ciudad. El caso cobró notoriedad en los últimos días a través de la masiva difusión que se realizó desde la red. Se apunta a uno de los guardias de un local nocturno que utilizaría la frase de “ingresa el que es cliente” para dejar afuera o permitir la entrada de las personas, seleccionando quiénes entran y quiénes no. Algunos usuarios ironizan en la página sobre “la memoria” que tiene el empleado del lugar para acordarse quiénes son los asiduos concurrentes de un boliche que acapara a una multitud cada fin de semana. Del caso se hizo eco la VACAP, la organización de vecinos autoconvocados contra abusos policiales.
Adriana Domínguez, la presidenta del INADI, explicó ayer a EL DIARIO que un vecino envió a la institución un correo electrónico en el que se puso a disposición para denunciar la presunta discriminación, en nombre de una veintena de personas. No obstante, la dirigente dijo que “la denuncia es personal”, por lo que desestimó esa representación. Asimismo, confirmó que no debe hacerse por correo electrónico. “Cada persona que se siente discriminada debe bajar de la página de Internet del INADI el formulario de denuncia, completarlo y enviarlo por correo a la delegación, con fotocopia de su DNI”, detalló.
Domínguez afirmó que no hubo ninguna denuncia presentada ante el instituto por el mecanismo correcto. No obstante, al conocer lo que estaría sucediendo en Villa Nueva, solicitó que se le respondan diversos interrogantes (sobre el boliche en cuestión) a la Municipalidad. Las fuentes oficiales consultadas por este medio se enteraron de la noticia ante la requisitoria periodística de este matutino.
Ante preguntas, Domínguez confirmó que nadie puede ampararse en el famoso derecho de admisión para permitir la entrada de algunas personas y negar la de otras. “El derecho de admisión es anticonstitucional”, afirmó y dijo que sería un acto de discriminación.
“Si bien el local tiene dueño, es un lugar público”, subrayó la funcionaria.