El bloque Unión por Córdoba-Frente para la Victoria del Concejo Deliberante, que preside Rafael Sachetto, envió un pedido de informe al Tribunal de Cuentas del municipio, solicitando explicaciones sobre la negativa de pago a las órdenes referidas al Ente para el Desarrollo Productivo y Tecnológico SEM que conduce Otto Wester.
La misiva está dirigida al presidente del Tribunal, Carlos Rodolfo De Falco, de la misma fuerza, aunque apunta a la posición de los vocales Gustavo Maristany (Unión Cívica Radical) y José Naselli (Partido Villamariense).
El pedido requiere "informe sobre los motivos del incumplimiento por parte del Tribunal de los preceptos estipulados en la Ordenanza 6.465, al rechazar mediante Resolución Nº 66 de fecha 27 de marzo de 2012, la orden de pago Nº 2.081/12 a favor del Ente".
Explican que de "la resolución aludida surge claramente que la orden de pago rechazada estaba destinada a cumplir con el convenio entre el Ente y el municipio, suscripto en fecha 27 de diciembre de 2011 y ratificado por Ordenanza Nº 6.465 (de fecha 30 de diciembre de 2011) y por el cual el municipio como socio mayoritario de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) ha decidido encomendarle al Ente todas aquellas actividades vinculadas a lo productivo y tecnológico y para ello enviarle los fondos necesarios para el cumplimiento de lo requerido (cláusula segunda y tercera del convenio aprobado por ordenanza)".
Una de esas acciones encomendadas, aclararon, es la administración del Aeropuerto Regional “Néstor Carlos Kirchner”, según estipula en la cláusula primera del respectivo convenio ratificado por el poder legislativo de la ciudad, "pero claramente no es la única ni la exclusiva".
Para el bloque oficialista de ediles, no encuentran "en la resolución argumento válido alguno que permita a vuestro cuerpo ignorar y no respetar normas que se encuentran vigentes y que, en este caso, han sido aprobadas por 11 de los 12 miembros de este cuerpo legislativo, debiendo ser cumplida y respetada por el órgano Ejecutivo y avalada por el Tribunal de Contralor, porque de lo contrario se estaría ante un claro incumplimiento de funciones, devenido en el no respeto de las normas y por ende del Poder Legislativo único autorizado a dictar y o modificar este tipo de normativa".
Añaden además, que observan "un claro incumplimiento a los preceptos de la Ordenanza de Etica Municipal Nº 4.940”. Y consideran "que los miembros de las minorías del cuerpo han naturalizado la omisión del Art. 11 de la norma aludida".
Finalmente, instan "al cumplimiento adecuado de las normas vigentes y al respeto de las instituciones de la democracia, no siendo el Tribunal que usted preside un órgano que tenga facultades para inmiscuirse sobre la legalidad o constitucionalidad de las normas aprobadas por el Cuerpo deliberativo del que somos parte".