Las denuncias por violencia familiar abarcan tanto las agresiones que sufren las mujeres en manos de sus parejas o ex parejas, como así también, las que tienen como víctimas a niños y a ancianos.
Es alarmante el número tomado del registro de Tribunales, donde salvo en enero y en marzo superan los 200 casos (ver recuadro).
Si pensamos que todo se concentra en un solo Juzgado (el de Violencia Familiar, Niñez y Juventud, a cargo de la magistrada Cecilia Fernández), es fácil pensar la sobrecarga de tareas que se genera en esa área de Tribunales, máxime si se tiene en cuenta que, a diferencia de Córdoba Capital, no existe un equipo profesional de constatación para verificar la gravedad de la denuncia en el lugar.
Ante cada hecho denunciado, se moviliza el aparato judicial existente. En primer término, la magistrada tiene que tomar una determinación para salvaguardar a la víctima excluyendo del hogar al agresor o bien, en el caso de que no sean convivientes, restringiendo el acceso a las cercanías de la vivienda.
Cabe señalar que esas medidas se toman en base a la denuncia, sin posibilidad de contar con constatadores, que son los profesionales que acuden inmediatamente al hogar donde se produjeron los hechos para verificar y evaluar con un estricto formulario la gravedad de los hechos.
Después de tomar la determinación, la Justicia tiene que receptar los testimonios de las partes. Según la ley, esa audiencia debe tomarse antes de los 10 días de radicada la denuncia, pero en los hechos, esos plazos se hacen materialmente imposibles. En las denuncias actuales están citando para agosto a declarar.
Otra medida que se suele tomar, dependiendo de la gravedad del caso, es la asignación de un policía que custodie a la víctima o la recomendación de patrullaje especial en el domicilio donde se produjeron los hechos de violencia familiar, con informes cada hora o diarios, dependiendo de los casos. Hay casas en Villa María que tienen esa custodia para proteger a víctimas que siguen amenazadas por sus ex parejas.

Alternativas

La única solución para las víctimas de violencia familiar es, en la mayoría de los casos, alejar definitivamente al agresor de la vivienda y del entorno de la víctima. Pero es recurrente que, ya sea por dependencia económica o afectiva, muchas mujeres reciban nuevamente al que parece “arrepentido”.
Es importante señalar que en las estadísticas de Tribunales a la que tuvo acceso este medio, los hechos más graves se producen con los reincidentes. Es decir, con aquellos que fueron denunciados una vez y luego perdonados y en la siguiente paliza, la violencia fue más brutal.
Es por eso que la denuncia sola no actúa como paragüas protector de la víctima. Es necesario la asistencia y la contención.
No hay muchas respuestas institucionales al problema.
Hasta el momento, aseguran que ha mejorado mucho el servicio del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, que funciona en la sede de la Universidad Popular, sita en Sarmiento y San Martín.
Allí, están dando turnos en una semana, lo que resulta insuficiente para el momento crítico, en el que la mujer huye del agresor y necesita contención inmediata. De todas maneras es una mejoría dado que antes había que esperar meses para acceder al asesoramiento de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que atienden en el lugar.
Un dato más: la estadística refleja los hechos denunciados, no la cifra “negra” de lo que ocurre en silencio, dentro de cuatro paredes que, estiman, sería otra cifra similar a la de los casos expuestos.