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Buscando fondos. El intendente junto a su secretario de Gobierno, Natalio Graglia. Son días de preocupación para las máximas autoridades municipales |
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Cuando la oposición le pidió que no incorporara más trabajadores a la abultada planta de empleados municipales, el intendente Guillermo Cavagnero abrió el paraguas: le dijo a los referentes de las minorías que será inminente la incorporación de tres mujeres que habían sido apartadas de sus lugares de trabajo por el ex jefe comunal Marcelo Frossasco.
Ocurrió el miércoles en la reunión cumbre que mantuvo el titular del Poder Ejecutivo y sus secretarios con los ediles y tribunos de las minorías, representadas por la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico.
Este es un enorme dolor de cabeza para el mandatario, que atraviesa un duro momento por la crisis financiera. Es que las empleadas en cuestión deberán recibir del erario público alrededor de dos millones y medio de pesos (según coincidieron las fuentes consultadas por este matutino) por haber sido cesanteadas injustamente, según determinó una investigación judicial. Y, además, deberán volver a sus cargos, en un momento en que Cavagnero busca jubilar a casi setenta personas para poder lograr un municipio autosustentable.
La historia es vieja y había llevado, el 7 de agosto de 2010, al propio intendente a exhibir su preocupación en una conferencia de prensa, por un fallo adverso para la comuna en un juicio millonario.
En 2001, tres mujeres iniciaron un proceso judicial y varios años después la Justicia Civil de Villa María le dio la razón.
Adriana Hipólito, Claudia Sequeira y Graciela Gignoli eran cajeras de la sede municipal cuando Marcelo Frossasco decidió apartarlas, según explicó basado en presuntas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.
El juez determinó la nulidad de los decretos que derivaron en el cesanteo, la reincorporación en sus cargos y el abono de la deuda que se fijó, que orilla los dos millones y medio de pesos, repartidos entre las tres.
En 2010, Cavagnero habló del tema y aseguró que cuando llegó al poder, en diciembre de 2007, ya no podía hacer nada porque habían vencido los tiempos procesales para incorporar pruebas. Fue más lejos: dijo que no pudo tener acceso al expediente.
Frossasco apuntó los cañones hacia él. Primero, remarcó que separó a las cajeras por información que le suministraron los tribunos, respecto a que presuntamente las empleadas habían cobrado horas extras no efectuadas. Segundo, explicó que la medida fue respaldada por los concejales de entonces, entre los que se hallaba Cavagnero.
El Gobierno buscó revertir la medida de la Justicia pero no pudo hacerlo y tiene los días contados para respetar la orden judicial.
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