El bloque oficialista tenía en reserva la intención del DEM de prorrogar la emergencia (ver página 4) y buscaba tratarlo sobre tablas en la sesión del jueves, algo que no pudo hacer por ausencia de uno de sus ediles, Mario García. En 2009, con esa norma había frenado juicios por un total de más de 11 millones de pesos. El Gobierno consiguió así canjear terrenos del Programa de Acceso al Suelo Urbano (PASU) con la familia Giraudo, para resolver la demanda que se originó cuando uno de sus miembros sufrió lesiones por una descarga eléctrica mientras navegaba por el Balneario. Fue confirmado por el asesor letrado del municipio, Ricardo Borsato, ante la consulta de este diario.
La oposición frenó por el momento el tratamiento de la iniciativa y el oficialismo no pudo lograrlo por la ausencia de un concejal. Mientras, las minorías recibieron un listado de juicios con información a medias, ya que, revelaron, sólo contaba con la información de las carátulas judiciales, no así de los montos en juego ni precisiones sobre las demandas. Por eso, hasta tanto no tengan la información necesaria, no se pronunciarán. La radical Nora Landart cree que finalmente se les proporcionará toda la información requerida, de lo contrario “no valoraremos la norma”.
Lo primero que dijo la concejala a este matutino fue que “a priori, no vemos factible acompañar una iniciativa de esta naturaleza porque los compromisos se deben honrar”. “Es impensable que las sentencias judiciales no deban ser respetadas. Si uno de los poderes en los cuales se asienta el sistema republicano llegó a una determinada decisión, si la sentencia está firme, se debe acatar, si no se vulnera el sistema republicano”, enfatizó la legisladora local.
“De qué manera se arregla el asunto entre las partes, es otra cuestión; pero, a priori, las sentencias deben ser respetadas”, indicó.
Otra de las advertencias que formuló Landart fue que “lo que nosotros vamos a tratar hace mención a causas judiciales que se generaron en esta etapa de conducción política, durante el Gobierno del justicialismo y el Frente para la Victoria”. “A nivel local y nacional se hace permanente referencia a la herencia del Gobierno radical, pero ahora se está haciendo alusión a juicios de su gestión, lo que devela que o no se manejaron correctamente o no lo hicieron en los tiempos que correspondían o que, pese a jurisprudencia contraria, tomaron ciertas decisiones”, declaró.
“Se pretende enmendar, solucionar o aminorar las consecuencias de los errores que ha cometido en su período de gestión. Ahora no se pueden deslindar responsabilidades”, consideró. Y valoró a los tribunos de las minorías que “en reiteradas oportunidades han realizado advertencias de lo que podría significar lo de las valijas” y ahora se conoce que “sus apuntes no eran alocados ni de oposición por oposición, sino basados en un criterio de responsabilidad”.
Desde el Partido Villamariense, Darío Capitani aguarda información precisa. Y subrayó: “Antes echaban la culpa hacia atrás, ahora blanquearán un hecho de su gestión”. También se preguntó “dónde quedan los derechos de la gente que ganó juicios al Estado y que el Estado no respeta”.