El 3 de setiembre de 2009, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una ordenanza enviada por el intendente Eduardo Accastello a través de la cual se declaró el estado de emergencia del municipio, luego de meses en los que fallos adversos lo colocaron contra las cuerdas. En todos los casos se trataba de procesos judiciales iniciados antes de diciembre de 1999, cuando el actual intendente asumió por primera vez al frente del Ejecutivo. Los ediles declararon la “emergencia, consolidación de deudas, moratoria y programa de cancelación de juicios con sentencia firme contra el Estado municipal por causas anteriores al 10 de diciembre de 1999”.
La norma buscó “superar el peligro colectivo -que significaría la total imposibilidad de continuar con la prestación de los servicios y ejecución de la obra pública municipal, atender la remuneración de su personal y mantener la actividad y gestión administrativa mínima indispensable- creado por la posibilidad de ejecución forzada de rentas y bienes del Estado municipal para atender el cumplimiento de sentencias firmes dictadas en juicios” anteriores al accastellismo.
En la ocasión, se estableció en el ámbito comunal la prohibición de trabar embargos “u otras medidas precautorias jurisdiccionales” sobre los recursos presupuestarios del sector público municipal.
El estado de emergencia tenía una duración de 24 meses, pudiéndose prorrogar por otros 24.
Involucró casi 12 millones de pesos y desde el oficialismo se resaltó que la mayoría de las causas se originaron en acciones del Gobierno de la última dictadura militar. Y una en 1997, en tiempos del radical Miguel Angel Veglia en el Sillón de Viñas. Ninguna en la administración accastellista.
Sin embargo, fuera de aquella norma quedó el principal dolor de cabeza que tiene hoy el Gobierno local: el caso Amaya. La carátula es “Broggi Cleofé y otro con Hugo Avallay y otra”, por “Daños y Perjuicios”. Cleofé es la madre de Antonio Amaya, un joven que en enero de 2000 tenía 15 años y resultó con graves lesiones mientras estaba en clases de Gimnasia en el Salón de los Deportes. Accastello hacía poco más de un mes que estaba en el poder por primera vez.
José hizo una pirueta, conocida como “mortal”, y le salió mal, lesionándose la columna, lo que derivó en años en sillas de ruedas, una prolongada rehabilitación y una actual dificultad para movilizarse. El chico iba a clases dictadas por Hugo Avallay, quien argumentó que Amaya “no era alumno”, que “concurría de vez en cuando” y se desvinculó del municipio, el que le daba un espacio en el Salón en comodato.
También resaltó que el doble salto mortal que hizo José “no estaba en el despliegue de la actividad normal”. Sin embargo, una jueza de Villa María sostuvo que “el poder municipal podía y debía controlar las actividades deportivas que se realizaban en el Salón de los Deportes en ejercicio de su poder de policía”.
La jueza en lo Civil Ana María Bonadero de Barberis condenó al Estado municipal y a Avallay por el caso, aunque le endilgó también responsabilidad al joven por su trágica pirueta. El DEM apeló el fallo, pero instancias superiores siempre favorecieron a la familia, que nunca recibió un peso de parte del Gobierno.
Ayer, consultado por EL DIARIO, el asesor letrado de la comuna (asumió en diciembre), Ricardo Borsato, confirmó que este caso es el más trascendente. Negó que esta intención de prórroga de emergencia estuviese motivada por los casos de “impuesto a la valija” mal cobrado (ver página 5) y explicó que “entendemos que este es un año en que el municipio debe autoabastecerse económicamente”, por lo que la medida busca “abrir el paraguas por todo, por posibles juicios que puedan venir, siendo una previsión que se ha tomado”. “Es un amparo legal ante cualquier eventualidad”, añadió.