La jueza de Control de Villa María, Edith Lezama de Pereyra, ordenó ayer la libertad de un joven que está acusado de haberse apoderado de ocho motos y una camioneta que se hallaban retenidos en el depósito que la Policía tiene en barrio Las Acacias.
Se trata de Alexis Ariel Ferreyra, de 27 años y domiciliado en Salta al 1800, quien igualmente continúa bajo proceso, imputado como presunto autor de “falsificación de documento público reiterado” (nueve hechos).
Ferreyra también debe responder ante la Justicia por otros cuatro ilícitos, en el marco de una causa abierta en 2007, y por la que se encuentra acusado de “encubrimiento”, “encubrimiento agravado”, “lesiones leves” y “amenazas”.
De todos modos, los episodios delictivos más resonantes que se le atribuyen se produjeron durante el transcurso del año pasado, cuando falsificó nueve oficios judiciales y se llevó ocho motocicletas y una pick up del citado predio policial.
Sólo el vehículo utilitario, una vieja Ford Ranchero, pudo ser recuperado por las autoridades. Las motos, entre las cuales había un par de ciclomotores y rodados de las marcas Honda Fun y Honda Wave, no fueron encontradas hasta el momento.
Tanto la camioneta como los motovehículos habían sido secuestrados por efectivos de la Policía de la Provincia o personal de la Dirección de Tránsito Municipal, en diferentes procedimientos realizados en la vía pública.
La mayoría de las motocicletas pertenecían a cadetes y habían sido secuestradas en operativos de control vehicular porque sus ocupantes carecían de la documentación correspondiente.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el fiscal Gustavo Atienza, Ferreyra había falsificado los oficios judiciales (incluso utilizando sellos truchos), con los cuales se presentaba en el potrero donde está ubicado el deposito de vehículos y se apoderaba ilegalmente de los rodados, cuyos números de dominio, chasis y motor figuraban en los documentos apócrifos.
El falsificador había sido detenido en su casa de barrio Ameghino el 15 de marzo (es decir que permaneció 35 días entre rejas) y la semana pasada el instructor de la causa le dictó la prisión preventiva por considerar que debía continuar privado de la libertad.
Ante esta circunstancia, el abogado defensor de Ferreyra, Antonio Alarcos, se opuso a la medida dictada por el fiscal Atienza, con lo cual la causa pasó al Juzgado de Control para ser analizada por Lezama de Pereyra.
En la víspera, y tras estudiar el planteo de la Defensa, la magistrada dispuso la libertad del acusado, quien igualmente seguirá bajo proceso.
Cabe señalar que la “falsificación de documento público” es un delito penado con prisión de uno a seis años, y por lo tanto es excarcelable. Asimismo, Ferreyra no posee antecedentes penales computables, ya que la causa abierta en 2007 está pendiente de resolución.
El artículo 292 del Código Penal de la Nación establece que “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público, y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”.