El Concejo Deliberante aprobó ayer, por mayoría (con los votos del bloque oficialista Unión por Córdoba y el apoyo del ex costista y ex ultra opositor Ricardo Pereyra) el proyecto de ordenanza del DEM renovando por el término de tres años los términos y alcances de la ordenanza 6.126, que en setiembre de 2009 había declarado, por 24 meses, el “estado de emergencia municipal, consolidación de deudas, moratoria y programa de cancelación de juicios con sentencia firme contra el municipio, por causas anteriores al 10 de diciembre de 1999”.
En esta prórroga sancionada en la víspera, la norma abarcó los juicios contra la administración que encabeza Eduardo Accastello, comprendiendo deudas que tenga el municipio al 31 de diciembre de 2011. Se blanqueó así una situación que parece haber alarmado al Gobierno, al punto de buscar la semana pasada que se tratara sobre tablas (y no dando tiempo a las minorías para el estudio) una ordenanza de esta envergadura.
Durante su fundamentación, el concejal de Unión por Córdoba Partido Justicialista, Mauro Beltrami, remarcó que la iniciativa tiene la finalidad de prevenir la “posible caída del municipio en situación de peligro colectivo -lo que significaría la imposibilidad de continuar con la prestación de los servicios, la ejecución de la obra pública y atender la remuneración del personal, entre otros, al atender el cumplimiento de sentencias firmes dictadas en juicios iniciados con anterioridad a la fecha mencionada”.
“La declaración de emergencia (en 2009) ha permitido remediar varios juicios de vieja data promovidos contra el municipio de manera provechosa, en virtud de los montos acordados y su forma de cancelación. El objetivo de la iniciativa es evitar el daño referido anteriormente y afrontar con responsabilidad el pago de cada una de las conductas”, valoró.
Ni el radicalismo, representado por Carlos Gagliano y Nora Landart, ni el Partido Villamariense, ahora sólo con Darío Capitani como referente, ni la ex costista Georgina Etchegaray, acompañaron la medida. Lo hicieron, entre otras razones, motivados por la ausencia de información precisa que habían solicitado al Gobierno y que éste prometió.
“La emergencia es un estado de plena necesidad y no vemos que algo similar esté ocurriendo en el municipio. Creemos que no hay elementos contundentes para prorrogar la emergencia”, aseveró Gagliano.
Capitani, por su lado, sostuvo que los juicios por “el mal llamado Impuesto a la Valija” son, desde su visión, la razón de esta norma.
Tanto él como Gagliano trajeron al recinto dichos de 2009 del por entonces presidente de la bancada oficialista, Carlos De Falco, cuando en ocasión de defender la emergencia hizo hincapié en que no había procesos en contra del accastellismo, lo que ahora es la clave de la prórroga.
Por su parte, la concejala del Partido Villamariense Escindido - Social Cristiano, Georgina Etchegaray, coincidió en varios términos con los integrantes de las minorías y añadió que “las sentencias firmes deben ser respetadas”.
Ricardo Pereyra, del Partido Villamariense Escindido, fundamentó que la norma cumplía con los principios de legalidad y que había recibido la información necesaria por parte del oficialismo, algo que -remarcó- no ocurrió hace dos años, cuando votó en contra de la ordenanza similar. Sus declaraciones motivaron un extenso ida y vuelta entre él, Capitani y Landart, en el que sobrevolaron las acusaciones de no trabajar, de privilegios del Gobierno para con Pereyra y otras cuestiones que se llevaron gran parte del tiempo del último tramo de la sesión.
• En tanto, todos los ediles dieron aval a un proyecto de ordenanza del DEM ratificando el acta-acuerdo celebrado con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), por el cual se fijó un incremento del salario básico de cada categoría del escalafón municipal de los trabajadores de planta permanente y contratados para todo 2012, consistente en un 20%.