El próximo lunes el ex concejal Gustavo Magrín (foto) estará sentado en la delegación de la Región Centro de la comisión nacional de Regulación del Transporte.
En la oficina ubicada en 27 de abril 606 de la capital cordobesa, Magrín comenzará a ejercer la tarea como funcionario del Gobierno nacional.
Ayer, el dirigente local estuvo en Buenos Aires y fue puesto en funciones por el interventor de la CNRT, Eduardo Sicaro.
Entre las primeras acciones que Magrín encarará está el contacto con los intendentes, según informó el flamante funcionario en diálogo con EL DIARIO minutos después de haber asumido en el cargo.
Magrín de estrecha relación con el secretario de Transporte Ricardo ]aime, tenía programada su asunción para la jornada de hoy en Córdoba, pero recibió directamente en la víspera la resolución que lo habilita para empezar su trabajo.
La CNRT es un ente autárquico que en el ámbito de la Secretaría a cargo de Jaime controla y fiscaliza el transporte terrestre de jurisdicción nacional.
Tiene competencia en los colectivos urbanos, de media y larga distancia. Los trenes, subterráneos y los medios de movilidad de carga también están bajo la órbita de dicha entidad.
La comisión fue creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 660 del mes de junio de 1996. Su estructura y funciones se aprobaron por decreto Nº 1.388 de noviembre de 1996.
Está conformada por la fusión de la ex-Comisión Nacional de Transporte Automotor (Conta), la ex-Comisión Nacional de Transporte ferroviario (CNTF) y la absorción de la Unidad de Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria (UCPF), y actúa en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que lidera actualmente Julio De Vido.
El ente autárquico tiene como funciones el control y fiscalización de los operadores de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, así como la protección de los derechos de los usuarios.
También interviene en la regulación relativa a la seguridad del transporte automotor y ferroviario en todo el territorio argentino, incluyendo los servicios cuya explotación se transfiere en concesión tanto a las provincias como al sector privado.