El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial (integrada por Armando Andruet hijo, Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesin) declararon “bien denegado el recurso de casación” (por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Villa María) que había interpuesto el Gobierno de Eduardo Accastello contra la sentencia del 19 de noviembre de 2008, que había sido adversa al municipio.
Se trata de la causa iniciada a raíz de un accidente que tuvo como damnificado a José Antonio Amaya, un joven que acudía a clases de gimnasia en el Salón de los Deportes. Ocurrió en enero de 2000 (tenía 16 años), a un mes de la asunción de Accastello en su primer mandato y llevó al joven a lesionarse la columna, lo que derivó en prolongadas dificultades para caminar.
Antonio denunció en varias oportunidades que el municipio lo dejó librado a su suerte. Y la Justicia, en todos los casos, siempre condenó a la comuna. Amaya había hecho una pirueta, conocida como salto mortal, que le salió mal y derivó en los daños a su salud. Desde el Gobierno siempre se argumentó que esa acrobacia no estaba dentro de las actividades a realizar en la clase, pero el Poder Judicial consideró que hubo fallas en el control y la responsabilidad por parte del Ejecutivo.
Principalmente por esta causa, hace dos semanas se sancionó la ordenanza de emergencia judicial con la que el DEM consiguió el paraguas necesario para evitar embargos.
Este nuevo fallo del TSJ fue dictado en febrero último y lo conoció este matutino en la víspera. Ahora, al Gobierno sólo le queda recurrir (eventualmente y si lo considerase) a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tener el revés del máximo tribunal judicial de la provincia.
Lo curioso del caso es que, previo a que este medio conozca el fallo que fue dictado hace ya dos meses y medio, el asesor letrado de la Municipalidad, Ricardo Borsato, dijo que el expediente se encuentra en el TSJ y que “este es un proceso que todavía está en trámite judicial”.
Abordado por la prensa en el municipio, el abogado dijo que “cuando llegue el momento seguramente se va a conversar del tema” con la familia y resaltó que “la Municipalidad siempre ha cumplido, de una u otra manera”. “No hay ninguna cifra definitiva, mal podemos hoy estar en una negociación”, expresó haciendo referencia a que nada está dicho por parte de la Justicia, pese a que hasta el máximo órgano judicial cordobés falló a favor de los Amaya.
Cuando se le dijo al funcionario que José Antonio señaló que la comuna nunca lo ayudó, Borsato apuntó que “son dichos de él”.
Luego, admitió que “hoy por hoy es uno de los juicios grandes en cuanto a cifras”.
Cabe recordar que las idas y vueltas en el camino judicial se iniciaron cuando la comuna apeló la primer sentencia sobre el caso, dictada por la jueza local Ana María Bonadero de Barberis en 2005.
La magistrada había condenado en aquella ocasión a la comuna y a Hugo Aballay (el profesor de gimnasia) a pagar diversos montos en concepto de “daño emergente”, “pérdida de chance para el menor” (se mensuró, de alguna manera, la falta de oportunidades que el suceso le deparó al joven en diversos ámbitos), “daño moral” y también por “lucro cesante, pasado y futuro”, a favor de la madre de José, Cleofé Broggi.