Las minorías en el Concejo Deliberante avalaron, con la excepción del edil del Partido Villamariense, Darío Capitani, los tres acuerdos que alcanzó el Gobierno con comerciantes que habían presentado amparos judiciales al considerar excesivo y perjudicial el incremento en la Tasa de Inspección. El jueves se sancionó por mayoría los tres proyectos de ordenanza que ratificaron acuerdos entre el municipio y los comerciantes, que le tienen que pagar ahora a la comuna diversos valores porque como la Justicia había ordenado que a ellos se les cobre las tasas al importe anterior al cuestionado incremento, hubo que formular ajustes por la suba nunca cobrada (aunque a un aumento mucho menor al que originó la controversia).
El radicalismo y los dos bloques unipersonales de PV escindido acompañaron la iniciativa, pero con advertencias.
Carlos Gagliano, de la UCR, dijo que no podía “catalogar de mala praxis legislativa aquel aumento, pero me pregunto por qué en ese momento se votó” esa suba tan cuestionada. “Este Deliberante tiene responsabilidad en aprobar una Tarifaria que luego tuvo que reducir y volver a reducir”, advirtió. Desde su visión, el tema “debería llamar a la reflexión” y a no caer “en la obediencia debida de votar a rajatabla todo lo que viene del Ejecutivo”, disparó mirando a los miembros del bloque oficialista. Explicó que su bancada votó ahora los acuerdos para darle continuidad jurídica al Estado y porque es el mejor acuerdo “entre lo peor”, sosteniendo que “no se puede presentar esto como algo bueno”.
Desde el Partido Villamariense escindido, Georgina Etchegaray leyó el artículo 127 de la Carta Orgánica Municipal que establece que el intendente debe comunicar de inmediato al órgano legislativo las acciones judiciales. Exhortó a cumplirlo.
Ricardo Pereyra, también en bancada unipersonal del ex costismo, recordó que todos los bloques avalaron la Tarifaria cuestionada, durante el Concejo anterior que él también integró. Argumentó que entonces se aplicó esa suba en la tasa intentando cuidar fuentes de trabajo del Matadero y la cuestión sanitaria, y subrayó que “yo no legislo para nadie en particular, yo defiendo a los villamarienses”.
“Quiero participar en un cuerpo que cometa la menor cantidad de errores posibles; sólo llamo a la reflexión”, resaltó el radical Gagliano más tarde.
Capitani, por su lado, pidió que “el Legislativo se haga cargo del horror del Ejecutivo de elevar las tasas por las nubes”.
En tanto, sin decir que hablaba del caso Amaya, Georgina pidió que el Ejecutivo cumpla con sentencias “por una cuestión humanitaria”, lo que llevó al oficialista Mauro Beltrami a expresar que cree que “se va a llegar en corto plazo a un acuerdo, pero sin comprometer las arcas municipales”, ya que “es legítimo que la persona cobre pero también que el municipio cumpla con sus servicios”.