Los dueños de los taxis tienen 90 días para presentar la documentación en la Municipalidad que acredite que, cada uno de los choferes está blanqueado.
Esta disposición (que no modifica ninguna ley laboral) generó repercusión entre los permisionarios. Desde la Cámara recientemente conformada, que preside Eduardo Irusta, aseguraron que “obviamente no estamos en contra del blanqueo, sino que pedimos herramientas para poder cumplirlo”. “Nuestro problema es económico”, dijeron.
Para ello, convocaron a los choferes a una reunión realizada el martes último en la que le explicaron la problemática. Aseguran que la mayoría de los choferes avalaron la propuesta.
Sin embargo, no asistió el Sindicato de Peones de Taxis liderado por Daniel Vidal y el nuevo gremio en formación, se retiró por no coincidir con la iniciativa.
La Cámara pedirá -seguramente hoy- a los ediles que admitan la posibilidad de un aumento de tarifa para lograr el blanqueo “aunque esta medida no nos gusta porque hace caer en el bolsillo del usuario el problema”; que otorguen un subsidio como a otras empresas que brindan servicio público; que permitan alquilar las licencias o bien que permitan la conformación de una empresa familiar para no tener la obligación de blanquear a los hijos, esposos o esposas de los permisionarios.
“Nosotros tenemos la tarifa más baja de la provincia y los costos más altos. Por ejemplo, el gas en Villa María está a 2,35 pesos y en Córdoba se consigue desde 1,69 pesos. La transferencia de la licencia hace un año y medio costaba 600 pesos y ahora, 36.000 pesos”, indicaron.
“Tenemos que tener un convenio colectivo propio para Villa María. Queremos dialogar, pero no tenemos interlocutor válido porque hay dos gremios y está en formación una cooperativa”, indicaron.
También sugieren que haya una tarifa diferenciada para la noche, porque la nueva ordenanza exige que el 30% de los vehículos estén circulando en horario nocturno.
El otro punto que piden es que la multa la pague el que la comete. “No puede ser que, en caso que rija el tema de los puntos, el permisionario pierda el carné sin haber cometido faltas”, dijeron.
También piden que se reconsidere la obligatoriedad de los GPRS (dispositivos de localización), debido a que consideran que hay otros mecanismos más económicos.
En definitiva, manifestaron su amplio desacuerdo con la norma recientemente aprobada, que había contado con el aval de las autoridades anteriores de la Cámara y con la del Sindicato de Peones de Taxis.