Tras el recorrido, los ocho concejales presentes en el momento (incluido el presidente del cuerpo legislativo, José Escamilla) coincidieron en la importancia de exigir a las empresas, a través de los canales correspondientes, que se adecuen a las normativas vigentes, con la finalidad de preservar el estado de conservación y funcionamiento de la planta depuradora, que tiene una proyección para los próximos 20 años.
Cabe destacar que, pese a que la norma lo establece y las empresas no cumplen con lo requerido, hasta el momento no se aplicaron sanciones económicas.