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Alejandro Roganti*

Recientemente, el titular del área ambiental de la provincia, Raúl Costa, ha anunciado la inminente decisión de instalar un vertedero regional de residuos en Villa María.
El anuncio se formula en el marco de la presentación de un plan director provincial. En cuanto a la financiación del importante emprendimiento, el gobernador Juan Schiaretti informó, en la última reunión de Gabinete, que se destinarán 15 millones de pesos al “Fondo provincial para el tratamiento de la basura”, mientras que la Nación también sumará fondos.

Frente a este anuncio, que se presenta como una iniciativa del actual Gobernador y su secretario de Ambiente, es bueno realizar un ejercicio de memoria que permita recordarles a los actuales funcionarios, que hace ya nueve (9) años que están en el gobierno, y qué han realizado en materia de erradicación de basurales incontrolados a cielo abierto.

En efecto, el plan que se presenta como nuevo no lo es. Tiene sus orígenes en el Diagnóstico Provincial de los Sistemas de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos finalizado en el mes de julio de 2000, un trabajo que sirvió para elaborar el Programa Córdoba Limpia, devenido luego en Programa Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Dicho Plan contempla la división de la provincia en doce regiones en donde se distribuyen doce vertederos controlados y 21 estaciones de transferencia. Nuestra ciudad está incluida en la Región Villa Nueva, que abarca 63 localidades y se propone la construcción de un vertedero controlado en Villa Nueva y tres estaciones de transferencia: Las Varillas, Bell Ville y Marcos Juárez.

El programa contó con financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del préstamo 1287/OC-AR en su componente Medio Ambiente. Dicho préstamo, por estar avalado y garantizado por la Nación, fue auditado por la Sindicatura General de la Nación. Este organismo de control, en su Informe Ejecutivo de junio de 2006 que releva el estado de ejecución financiera, en su Anexo V, establece que el Programa Córdoba Limpia doce Regiones con Plan de Manejo de RSU registra un avance del 100%.

Indudablemente que la realidad que observó la SIGEN no se corresponde con lo que podemos ver al menos en nuestra ciudad y la región. Sucede que la sindicatura nacional no audita en base a un relevamiento propio, sino en base a los informes que le realiza la propia provincia, en este caso a través de la UCOPRO (Unidad de Coordinación de Programas), que depende de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento. A la SIGEN lo único que realmente le preocupa es que la provincia de Córdoba se encuentra al día con los pagos al BID -ya que la Nación es garante- y no se interesa demasiado por verificar la posible existencia de desvíos de fondos en la operatoria.

Respecto al programa provincial, sí hubo avances en la Región Punilla Norte, donde se han licitado obras en julio de 2006 por $3.743.120,83 para la construcción de un Vertedero Controlado Regional en Cruz del Eje, con Planta de Selección de Residuos, con las correspondientes Instalaciones Básicas, y la Construcción de una Estación de Transferencia de Residuos en La Falda.
En tanto, en la Región Calamuchita en junio de 2006 se licitó por $999.611,02 para la construcción de una Estación de Transferencia en Almafuerte con las correspondientes instalaciones básicas y la provisión de equipamientos varios.
Y en la Región San Justo al menos se elaboraron los pliegos para licitar obras por un monto estimado de $2.600.000 para el acondicionamiento de las instalaciones existentes y la construcción de un Vertedero Controlado en San Francisco, que finalmente no se concretó por el rechazo de la comunidad y del Gobierno municipal.

Sería oportuno que el Gobierno provincial aclare en qué se utilizaron los fondos que debieron ser destinados a la ejecución del programa Córdoba Limpia. La única certeza que existe es que dichos fondos son parte de la escandalosa deuda generada por José Manuel de La Sota, Juan Schiaretti y sus funcionarios, sobre la cual algún día deberán dar explicaciones.

Cuando exista una justicia independiente, que sea capaz de resolver, por ejemplo, la denuncia presentada por el entonces legislador provincial Ricardo Fonseca en el Fuero Penal Económico por la transferencia de $16.500.000 el 8/10/04 por desvío de fondos de la cuenta 3189/1 y 3177/08, del crédito del programa 1287/0C-AR a Rentas Generales. Este caso todavía no fue resuelto a pesar de que lleva cuatro años en la Justicia.

El programa Córdoba Limpia no es nuevo, fue lanzado en el año 2000, y si el Gobierno provincial pretende relanzarlo, debería explicar primero qué sucedió con los fondos del crédito destinado a su ejecución.

A modo de sugerencia, por ejemplo, podrían pedirle a Horacio Miró que explique el manejo de los créditos del BID y el Banco Mundial. Sólo en el presupuesto 2007 de la ACIF se destinaron casi 40 millones de pesos para el pago de consultoras sobre las cuales existen serias sospechas que las mismas son verdaderas cajas para el enriquecimiento de ciertos dirigentes y el financiamiento de la política.



*Dirigente del Frente
Cívico y Social