El primer juicio oral y público en Córdoba por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, cerca de zonas urbanas, comenzará hoy contra tres productores sojeros y dos aeroaplicadores, informó una fuente judicial.
El debate será en la Cámara Primera del Crimen de la capital provincial y, por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se unificarán dos causas similares.
A los imputados se los acusa de violación de la Ley provincial de Agroquímicos 9.164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.
En una de las causas están imputados los productores Jorge Gabrielli y Francisco Parra, junto al comerciante y piloto de avión Edgardo Pancello.
Fueron denunciados en 2002 por pulverizar con agroquímicos peligrosos campos aledaños al barrio Ituzaingó, en la periferia sudeste de la ciudad.
La otra causa fue iniciada en 2008, en los Tribunales de la ciudad de Deán Funes, contra un productor rural y un aplicador aéreo, acusados de arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos adyacentes al norteño pueblo de Villa de María de Río Seco.
Según lo confirmado a Télam por un vocero judicial, los productores Gabrielli y Parra están acusados como supuestos instigadores de contaminación ambiental con endosulfán y glifosato, mientras que al piloto lo imputan de la autoría del delito.
Respecto de la otra causa, el vocero agregó que se trata del piloto D.P. M., acusado de contaminación ambiental y del encargado del campo, V.A., por la misma figura, pero en calidad de partícipe necesario.
A mediados de mayo pasado, el fiscal de instrucción Carlos Matheu ordenó abrir una investigación para saber si existe una relación directa entre la fumigación con plaguicidas peligrosos y las muertes por cáncer registradas entre vecinos del barrio Ituzaingó.
Para ello, resolvió imputar a los productores Gabrielli y Parra, por "contaminación dolosa", en el marco de la Ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051, que prevé penas de tres a diez años de prisión.
Sin embargo, en caso de establecerse que los plaguicidas utilizados tuvieron una incidencia directa en los casos fatales, la figura de "contaminación dolosa" sería agravada con "resultado de muerte", que contempla penas de diez a 25 años de prisión.
Se trata de una de las primeras causas de estas características a nivel nacional y la primera en la provincia.
La Ley 9.164 establece expresamente la prohibición de realizar fumigaciones con endosulfán a una distancia menor a 1.500 metros de una zona urbana, y de glifosato a menos de 500 metros, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
La causa de 2002 se inició cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó denunció la existencia de numerosos casos de cáncer en esa zona. Esas mujeres aportaron pruebas y testimonios según los cuales unas 200 personas padecían cáncer y cerca de 100 habían fallecido como consecuencia de esa enfermedad.