Desde diferentes visiones pero con la intención de buscar caminos para proteger el bien común, se desarrolló ayer en Villa María la Primera Jornada Fitosanitaria, organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba.
El debate tuvo un sello de pluralismo no visto con frecuencia cuando se trata un tema polémico como es el uso de agroquímicos.
Llamó la atención la cantidad de participantes, que superaron los 500, entre productores, profesionales, trabajadores y estudiantes.
Entre todos, formaron comisiones de trabajo entre las que se priorizó la elaboración de propuestas para saber cómo puede accionar el ciudadano si siente que en su localidad no se cumple la ley de agroquímicos.
Por el Gobierno provincial participó el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina y el responsable del área de Fiscalizaciones, Norberto Aichino.
Dado que el debate se dio en el contexto del resonado juicio contra dos productores por caso de contaminación con productos fitosanitarios en el barrio Ituzaingó de Córdoba capital, las autoridades provinciales evitaron dar a conocer cualquier posicionamiento.
“Siempre decimos que los agroquímicos son una herramienta. En los cursos de capacitación para operarios, hacemos la analogía con un martillo. Se puede usar para clavar clavos o para golpear a una persona. Es decir, según sea su uso, pueden ser una herramienta o un arma”, dijo Molina.
Aichino, por su parte, destacó el trabajo que vienen haciendo en los cuatro meses que llevan en la gestión. Con números a la vista, aseguró que aplicaron 265 sanciones, que movilizaron 680 expedientes, que capacitaron a inspectores de 100 localidades y que emitieron 238 resoluciones.
Dijo que en la última semana estuvieron trabajando intensamente en la zona de Laboulaye y en el norte de Córdoba, a raíz de denuncias de vecinos. “Puntualmente sobre Villa María, debo decir que en torno al tema agroquímicos no hay muchas denuncias”, agregó.

El rol de los municipios

Un punto quedó claro. Son las municipalidades las primeras en tener el poder de policía para hacer cumplir la normativa vigente en lo que hace al movimiento urbano de bidones o de maquinarias y a delimitar la zona de exclusión de fumigaciones.
“En caso de que no se cumpla las normas, que muchas veces son letra muerta porque no se controla, el ciudadano tiene derecho a acudir a la provincia para hacer valer su interés legítimo de un ambiente saludable”, dijo Graciela Loreto Pérez Contreras, de la Asociación Civil Regional de Jueces, Secretarios y Funcionarios de la Justicia Municipal de Faltas.
Aseguró que a su criterio, los intendentes de localidades que están en zonas agrícolas, deberían poner énfasis en el control.
En el acto de apertura, la presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, Nila Busso, destacó que el objetivo de la jornada es precisamente “abrir un camino en la búsqueda de consensos”, para que la población disponga de elementos ciertos sobre los efectos de los productos químicos utilizados en el campo.
En el debate, estuvieron presentes dos docentes de escuelas rurales, que analizaron los efectos ambientales y sociológicos de la sojización (atada al uso del glifosato).
Martín D’Olivo (Colonia Caroya) y Sergio Santacruz (Cañada de Luque) impulsan la idea que en las zonas aledañas a las escuelas se promocione la ganadería “que genera más mano de obra y fomenta que la gente pueda quedarse en el campo”.
Ambos iniciaron el trabajo en 2006 junto a “Paren de fumigar” y trabajan en el aula promocionando alternativas al glifosato.
Es la primera vez que participan de un debate de esta naturaleza, dado que habitualmente lo hacen dentro de grupos ecologistas, por lo que manifestaron su satisfacción por la apertura a las ideas.
Hubo también disertantes del ámbito académico, como el caso de María Cristina Arregui de la Universidad Nacional del Litoral y del ámbito del trabajo rural, como Clemente Iriarte, de UATRE.
Detrás de todos los debates, quedó la sensación de que sin demonizar ni pontificar a los agroquímicos, es un gran paso empezar por profundizar la información sobre los efectos, aumentar la capacitación para el uso y buscar consensos tendientes al bien común.