Las organizaciones sociales y de Derechos Humanos continúan manifestándose por la libertad de los detenidos por la causa de la “pueblada de Corral de Bustos”.
En la noche del 3 de diciembre de 2006, Corral de Bustos-Ifflinger fue recorrido por una lacerante noticia. Había sido violada y asesinada una niña de tan sólo 3 años de edad. La causa judicial que luego se desarrolló dijo que “sólo” se trató de un asesinato sin alevosía, cuestión difícil de imaginar frente a la muerte por los golpes asestados por un adulto que terminó condenado solamente por “homicidio simple”.
Aquella noche muchos vecinos de esa ciudad se indignaron. Ya venían dolidos por más de una decena de muertes en la zona, que no habían sido esclarecidas por la Justicia.
Al otro día, los vecinos se autoconvocaron para ir a despedir los restos de la niñita. Lo hicieron como lo hace la gente sencilla, con los medios que tenían a mano, con el boca a boca, con las radios populares, con los llamados telefónicos, etcétera.
A la hora del entierro se fue juntando gente para saludar a quien, teniendo tan corta edad, había sufrido ese atroz final.
Cuando el féretro pasaba frente a la sede de Tribunales, la sensibilidad afloró con mayor fuerza y subió hasta las gargantas para gritar la injusticia. Los reclamos no recibieron la necesaria respuesta desde el Poder Judicial. Ningún funcionario quiso hablar ante el clamor de justicia de la gente y, así, la indignación general avanzó hasta la quema del edificio situado enfrente de la plaza 25 de Mayo.
En el lugar se hicieron presentes más de dos mil personas, es decir, una gran porción de la población del lugar, una real manifestación colectiva. De allí que el caso sea reconocido como la “pueblada de Corral de Bustos”.
La Justicia de Córdoba abrió una causa judicial en la que, luego de acusar a más de 40 vecinos, terminó condenando a seis de aquellos manifestantes a cárcel efectiva y a otros seis les otorgó libertad condicional.
En el desarrollo de ese juicio se denunciaron falsos testimonios promovidos desde la propia Justicia, tortura para la obtención de declaraciones y prejuzgamientos, circunstancias que constituyen graves violaciones a los derechos fundamentales y humanos por parte de agentes estatales, sin que el Poder Judicial haya promovido sumario, investigación ni acción penal para esclarecer los hechos denunciados, delitos que permanecen impunes, pese a las pruebas que existen en la misma causa.
Toda la actividad se dirigió a dar un castigo ejemplificador en contra de la protesta social.
Concluida la instancia en la Cámara del Crimen de Bell Ville, el fallo fue apelado ante distintas instancias judiciales, es decir que no puede considerarse como una condena firme. Incluso se han realizado presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero los condenados continúan alojados en la cárcel de Villa María.
Por ello este sábado 23 de junio, a partir de las 19 horas, varias organizaciones desarrollarán un encuentro y charla solidaria por la libertad de ellos. La acción se concretará en la sede de ATE Villa María, que participa de la organización junto a CTA, la Coordinadora Contra la Ley Antiterrorista y VACAP.
Ya han comenzado a llegar adhesiones de otras organizaciones del país, como la de APDH Rosario y la comisión por las Libertades Democráticas de Rosario, coordinadora de organizaciones cuya tarea fundamental es la lucha por la libertad de los presos políticos, categoría que se le reconoce a los presos por la causa iniciada a raíz de la “pueblada de Corral de Bustos”.

Jesús Chirino
Fabián Etchegaray (sobreseído en la causa judicial por no existir pruebas en su contra)
Cecilia Pérez Correa (CTA provincial)
Adhiere Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba