“Hay un principio básico del derecho: nadie puede consentir su propia esclavitud o explotación”. Palabras de la secretaria de Prevención contra la Trata de Personas de la Gobernación de la provincia, María Amelia Chiófalo.
La funcionaria dialogó ayer con EL DIARIO sobre la implementación de la recientemente sancionada Ley contra la Trata cordobesa y especificó que previo a la nueva legislación había 156 prostíbulos en el territorio provincial, según relevamiento de la Policía y el Ministerio de Seguridad. Cuando se conoció que se venía la sanción de la norma, “cerraron entre 40 y 50 por motus propio”, según confirmó Chiófalo en la víspera. Y, una vez en vigencia la Ley y en el marco de los operativos realizados en todo Córdoba, se encontraron a 35 de estos lugares funcionando.
“En muchos nos dijeron que había más mujeres de las encontradas”, aseguró.
La cantidad de prostíbulos abiertos y personas rescatadas pese a que era público que se venían los procedimientos hace pensar en la real dimensión del drama. “Se sabía que se venía la prohibición, que iban a producirse operativos y sin embargo se encuentran a 93 víctimas, imagínese lo que es la realidad de la provincia”, resaltó Chiófalo.
“Nadie visualiza que la prostitución se nutre en más del 98% de los casos en la trata en sus diferentes modalidades. Esta es una realidad que no queremos ver. La prostitución no es un delito, pero tampoco es un trabajo. Puede ser un medio de supervivencia, de subsistencia, pero no reúne los requisitos ni las condiciones para considerarlo un trabajo”, recalcó.
Precisamente en este punto se centró la funcionaria provincial.
“Hay una cuestión clara y concreta: de los procedimientos realizados, de las víctimas que se encontraron, del abordaje, de los testimonios y de las condiciones en las que se llevaba a cabo la prostitución no cabe duda de que estamos frente a una situación de explotación o de servidumbre o de semiexplotación y que por supuesto es trata”, declaró.
“Si no, que me expliquen cómo llegaron a Córdoba 11 dominicanas, las que tenían visa de turista, cuando terminaban en pequeños pueblos del extremo norte o sur de la provincia, pueblos de 5.000 o 7.000 habitantes. ¿Quién les pagó el pasaje?”, señaló.
Chiófalo especificó que de las mujeres hay un número mayoritario proveniente de Santa Fe, chicas que “iban rotando por la provincia o por el país con proxenetas que son dueños de locales de otras zonas”. “Hay un caso en que la víctima es titular de una whiskería porque el verdadero dueño tiene una causa abierta por trata”, reveló.
“Sin embargo, tenés a los proxenetas que por poco dicen que los locales son como una especie de jardines de infantes en dónde sólo hay shows”, ironizó.
“El 50% o más del dinero recibido, porque sabemos que es más, se lo queda el proxeneta. Ahí se cae completamente la postura de que en estos lugares no existe prostitución. Y no es un trabajo. Es explotación y eso es un delito, pese a que está invisibilizado o disfrazado, pero la realidad es una sola”, manifestó.
“Encontramos mujeres que vivían en una whiskería, que tenían restringidas su libertad, con sus documentos de identidad retenidos. Entonces no hay un ejercicio pleno de sus derechos, que me expliquen cómo es que se denomina trabajo. No se podían ausentar sin que el patrón diera el aval, se les instalan normas de vestimenta, multas. Sin protección ni contención, sin obra social ni nada, entonces no es un trabajo”, afirmó la funcionaria.
Chiófalo develó que muchas ingresan a este mundo a sus 13 o 14 años y que se encontró a una chica que era obligada a prostituirse desde los 10 años, lo que llevó a la secretaria contra la Trata a explicar que “ninguna víctima se asume en un primer momento como víctima”. “Hay un proceso que atravesar y se viene de una forma de vida que lleva muchos años. Es muy complejo. Por eso hay que tomar con pinzas su discurso, además de que se presenta también el síndrome de Estocolmo. Se torna inverosímil pensar que están por voluntad propia cuando se constatan las condiciones de vida”, advirtió.
“Yo no entiendo cuál es la oposición o la lucha de quienes están en contra de esta Ley, porque lo único que se persigue es al tratante o al proxeneta, a las mujeres no se las toca”, subrayó. También dijo que la edad de ingreso a la prostitución va en descenso, por debajo de los 13 años, “y eso lo pueden decir asistentes sociales que trabajan en grupos vulnerables”.
“¿Podemos decir que esto no es esclavitud, que no es explotación, que no se da una violación a los derechos humanos? Serían posturas funcionales a proxenetas”, evaluó.
Chiófalo dijo que se “respetará a rajatabla a la persona que decide ejercer la prostitución de manera autónoma”, pero no cuando hay un prostíbulo o un proxeneta en el medio. Indicó que trabajará codo a codo “con cualquier ONG que busque generarles oportunidades y capacitar” a quienes fueron víctimas de este drama. “El Estado nunca puede ser proxeneta”, concluyó.