Tras ser liberado erróneamente por la Justicia villamariense hace dos semanas, el ahora prófugo presidiario cordobés Juan Carlos Pereyra se convirtió en las últimas horas en protagonista excluyente de una historia que sorprende a propios y extraños.
Y a tal punto llegó la trascendencia de la noticia difundida en la víspera por EL DIARIO, que numerosos lectores se pusieron en contacto con esta Redacción, por teléfono, vía e-mail y hasta personalmente (tal el caso de un grupo de alumnas de quinto año del Instituto Rivadavia) para conocer más detalles del increíble episodio.
La inquietud de la gente nos llevó a revisar minuciosamente los archivos, y así llegamos hasta unos pocos días antes de la Navidad de 2005, cuando Pereyra fue juzgado y condenado junto a otro hombre y una mujer por integrar una organización conocida entonces como “la banda de las ganzúas”.
El miércoles 21 de aquel mes y año, el camarista Héctor Fissore le impuso una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo al escurridizo recluso, luego de declararlo coautor de un hecho de “robo calificado” y autor de “robo calificado” reiterado (dos hechos), en todos los casos por la utilización de llaves falsas o ganzúas, circunstancia que agravó los ilícitos.
En rigor de verdad, la definición del proceso oral y público, sustanciado en la sala de audiencias de la Cámara del Crimen local, se precipitó cuando el propio Pereyra pidió declarar y confesó haber cometido los asaltos que se le atribuían, circunstancia que posibilitó que el juicio se abreviara y concluyera anticipadamente.

@ Sus cómplices

En aquellas audiencias de debate, realizadas los días viernes 16, lunes 19, martes 20 y la del día de la sentencia, Pereyra fue juzgado junto a su compañero de andanzas, Juan Manuel Giacón, y a la joven villamariense Gisela Lorena Olmedo, la única que compareció en libertad.
Ambos sujetos fueron sentenciados por los mismos hechos, aunque Giacón recibió una pena de cuatro años de prisión (uno menos que Pereyra), mientras que Olmedo fue condenada a seis meses de cárcel de ejecución condicional -es decir, en suspenso- tras ser hallada responsable de “encubrimiento” por haber alojado a los asaltantes en su casa cada vez que llevaban a cabo un “golpe” en la ciudad, e incluso almacenando en dicho inmueble los objetos que robaban, todo a sabiendas de las acciones delictivas del dúo.
Durante aquel juicio quedaron esclarecidos cinco asaltos que damnificaron a otras tantas familias radicadas en diferentes puntos de Villa María.
Al respecto, se trató de los matrimonios Barrera-Prudencio, Tleye-Cittadini, Belfanti-Sonzini, Oviedo-Vivó y Goia-Liberti, tal como consta en el expediente que se instruyó a partir del 7 de julio de 2004, fecha en la que Pereyra y Giacón fueron detenidos.

@ Cómo operaban

Los cinco atracos fueron perpetrados bajo un mismo “modus operandi”: los delincuentes ingresaban a las viviendas particulares utilizando llaves falsas o ganzúas; lo hacían bien entrada la madrugada, cuando los moradores estaban durmiendo, y los sorprendían encandilándolos con linternas, al tiempo que los amenazaban de muerte.
Luego de reducir a los integrantes del grupo familiar, los maniataban y encerraban, apoderándose así de dinero en efectivo y numerosos objetos de valor, como electrodomésticos y equipos electrónicos.
Como dato complementario, cabe destacar que de aquel proceso oral participaron, además del juez Fissore, el fiscal de Cámara, Francisco Márquez (actualmente de licencia por razones de salud); el asesor letrado Juan Antonio Rusconi (defendió a Pereyra), y los abogados Antonio Alarcos (patrocinó a Giacón) y Marcelo Martín Silvano (asistió legalmente a Olmedo), mientras que el secretario actuante fue Roberto Jue.

@ Es de Argüello

Pereyra es oriundo de la localidad de Argüello, ubicada en el Gran Córdoba, donde trabajó como remisero hasta el día de su detención, mientras que Giacón está radicado en la ciudad serrana de Alta Gracia y Olmedo se domicilia en Villa María.
Al momento de la sentencia, el ahora prófugo interno del penal de Bouwer tenía 28 años, su principal cómplice 22 y la joven villamariense 21.
Aquella condena de cinco años de prisión impuesta por la Justicia local fue recurrida en casación ante el Tribunal Superior de Justicia, que luego de analizar la sentencia resolvió rebajar en seis meses aquella sanción y la fijó en cuatro años y medio.
Detenido desde el 7 de julio de 2004, Pereyra cumplió cuatro años de encierro el pasado lunes 7 del corriente, oportunidad en la que solicitó se le concediera el beneficio de la “libertad asistida”, que permite el egreso seis meses antes del cumplimiento total de la pena impuesta.
De acuerdo con ese erróneo cómputo, al presidiario cordobés le quedaban por purgar seis meses de prisión y, por esa misma circunstancia, supuestamente estaba en condiciones de quedar en libertad gracias a aquel instituto legal.

@ Otra condena

Sin embargo, lo que la Justicia villamariense desconocía era que, tiempo después del juicio celebrado en nuestra ciudad, Pereyra fue juzgado por la Cámara Cuarta del Crimen de la ciudad de Córdoba, que lo condenó a siete años y medio de cárcel por otro “robo calificado” por uso de arma y “violación de domicilio” (¿quizás otro asalto con ganzúas?).
Un error burocrático, producto de la inconcebible falta de comunicación entre la Justicia de la capital provincial y la Cámara villamariense, indujo al error al juez Juan María Olcese, quien el pasado 11 de julio -en plena Feria Judicial- firmó la libertad de Pereyra, obviamente desconociendo la condena aplicada en Córdoba.
El jueves por la mañana, el juez de Ejecución Penal cordobés Cristóbal Laje Ros ordenó la inmediata captura de Pereyra, quien gozaba de conducta ejemplar (calificada con 10) durante el lapso que pasó entre rejas en el establecimiento penitenciario ubicado en la pequeña comuna de Bouwer, en las afueras de la capital cordobesa.