La Justicia Federal elevó a juicio oral la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, al dar por cerrada una parte de la investigación del siniestro que causó siete muertes, más de 350 heridos, 4.000 evacuados, más de 15.000 autoevacuados y destrozos en gran parte de la ciudad, evaluados en 25 millones de dólares.
Asimismo, se dispuso que siga de manera paralela la investigación al ex presidente Carlos Menem y al ex jefe del Ejército, Martín Balza, quienes por ahora gozan de “falta de mérito”.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de Río Cuarto, que rechazó sobreseer a los procesados y los envió a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la capital provincial.
En el banquillo de los acusados se sentarán, bajo el cargo de “estrago doloso”, los oficiales del Ejército retirados Carlos Franke, Edberto González de la Vega, Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Gatto, y el civil Norberto Emanuel, ex subinterventor de la Dirección de Fabricaciones Militares y su delegación en Río Tercero.
“Corresponde señalar que Oscar Nicolás Quiroga (otro de los procesados) falleció el 18 de febrero pasado. Habiéndose declarado extinguida la acción penal”, se indicó.
En noviembre de 2011, los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega pidieron que el caso sea ventilado en un próximo juicio, sin el ex presidente Menem en el banquillo.
Finalmente ayer se aceptó el pedido, a través de la Resolución Nº 390, fechada en Río Cuarto. La situación de Menem y del ex jefe del Ejército se resolverá en otro juicio y seguirán siendo investigados de manera paralela.

“Fue intencional”

“El hecho que se les ha atribuido ha sido teniendo en cuenta el cargo que ocupaban en el Organigrama de la Dirección General de Fabricaciones Militares y su dependiente FRMRT, y consistió en haber provocado el día viernes 3 de noviembre de 1995, a las 8.55 horas aproximadamente, por intermedio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, de manera intencional, programada y organizada, el incendio de un tambor que contenía en su interior mazarota de trotyl o trotyl de descarga”, señala la Resolución.
Ese tribunal ya tuvo el expediente en 2006, pero lo devolvió enseguida a la etapa de instrucción al probar, por una serie de pericias, que la voladura de la planta militar obedeció a un hecho intencional, presuntamente para ocultar el faltante de armamentos contrabandeados a Croacia y a Ecuador durante la presidencia de Menem.
En la resolución dada a conocer en la víspera, se rechazan “los planteos de oposición a juicio deducidos por la defensa de Franke, González de la Vega, Cornejo Torino, Gatto y Emmanuel; y, en consecuencia, rechazar el pedido de sobreseimiento de los nombrados”.
En el punto tercero se precisa que “no escapa al suscripto que en autos han sido imputados también Máximo Rosendo Groba, Carlos Saúl Menem, Raúl Julio Gómez Sabaini, Martín Antonio Balza y Antolín Mosquera, acerca de quienes se ha dictado auto de falta de mérito por no existir aun razones que ameriten ni el sobreseimiento ni el procesamiento de los nombrados. En virtud de ello es que se ordena extraer copia del expediente las que deberán ser debidamente autenticadas a los efectos de continuar la causa respecto de los mencionados encartados”.
La Justicia entendió que “con las decisiones asumidas por estas autoridades se fueron creando las condiciones necesarias para que los hechos acontecieran tal como sucedieron”, al aludir a un “absoluto relajamiento” de los controles de seguridad “situación laboral de los operarios, desorden contable” y en la “forma en que se llevaba a cabo la producción de material bélico” en la Fábrica.
La Fábrica se había convertido en el “eje clave de un operar ilegítimo (el contrabando de material bélico al exterior)”, algo que no podía “ser ignorado por las autoridades superiores de la FMRT”.
La causa irá a juicio a escasos cuatro meses de que se cumplan 17 años de la voladura, ocasionada por una serie de explosiones intencionales que derivaron en una onda expansiva que destruyó gran parte de la ciudad y causó siete víctimas fatales, entre ellas la de Hoder Francisco Dalmasso, el esposo de Ana Gritti, ya fallecida y única querellante en la causa que fue seguida por sus hijos.
También fueron víctimas Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, José Varela y Elena Quiroga, además de causar heridas y cuantiosos daños materiales en la población.