Con un tono más duro que de costumbre, los tribunos de la oposición José Naselli (Partido Villamariense) y Francisco Maristany (UCR) rechazaron en dos resoluciones la insistencia al pago del certificado de obra Nº 2 destinado al Eninder por las refacciones en el Anfiteatro y una orden de pago para el certificado de obra Nº 3 para el mismo espacio físico.
En el primer caso se trata de 1.366.000 pesos y en el segundo 366.000 más.
Cabe señalar que en las dos resoluciones hubo disidencia en el voto con el tribuno oficialista, Carlos De Falco.

Fuera de la ley

En la última de las resoluciones, Naselli y Maristany cuestionan duramente tanto al intendente Eduardo Accastello como a los funcionarios Javier Suppo, Verónica Navarro y Rosana Suescum, acusándolos de hacer “aparecer” documentación.
Aseguran que Accastello “a través del Eninder, ha consumado su objetivo de burlar todos los controles establecidos por la ley para que el ciudadano de Villa María pueda conocer, con meridiana certeza, el manejo económico financiero de sumas millonarias remitidas en años anteriores por el Gobierno Nacional”.
Dicen que por la falta de envío de fondos para el Gobierno federal, es el contribuyente el que tiene que “solucionar lo que la imprevisión inexcusable del Ejecutivo Municipal ha contribuido a provocar”.
Agregan que el intendente “con la colaboración de la ex secretaria de Economía y Finanzas, Verónica Navarro (hoy concejal del bloque Frente para la Victoria), y su sucesora, Rosana Suescum, han cumplido con creces su tarea de secundar al señor intendente en la introducción de documentación que, pretendiendo avalar las órdenes de pago para continuar las obras del Anfiteatro, se ha convertido en la demostración, por escrito, de un concierto artificial dirigido a impedir que estos tribunos exhibieran a la luz pública estos manejos que hace exactamente tres años expusimos ante el fiscal de Instrucción de Segundo Turno, Dr. Gustavo Atienza”.
Cabe recordar que en esa oportunidad, el fiscal desestimó la denuncia argumentando que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, ejercía un “férreo” control de los fondos girados a Villa María.
Ese fallo, según Naselli y Maristany, fue interpretado por Accastello “como un bill de indemnidad, algo así como un velo protector de la manipulación de sumas millonarias sin contralor alguno”.
Agrega en la resolución que las afirmaciones de Rosana Suescum, secretaria de Economía, son “un catálogo de mentiras” porque el convenio que avala el envío de fondos no fue ratificado por el Concejo Deliberante, que la referencia a la firma de Javier Suppo (actual secretario de Gobierno) no es cierta dado que tal rúbrica no está en ese convenio y así siguen enumerando otros hechos en lo que denominan el catálogo de mentiras.
Recordamos que los tribunos encontraron convenios que avalan los pagos que en realidad eran diferentes, con textos diferentes y fechados en diferentes días, por lo que rechazaron los certificados de obra anteriores y los presentes, poniendo en duda a qué convenio se refieren.

Dentro de la ley

Distinta es la visión de Carlos De Falco, quien aprobó el envío de fondos al Eninder. Argumenta que el convenio con Planificación autoriza la realización de obras en el Anfiteatro y el correspondiente envío de fondos.
Además, agrega que por la ordenanza que posibilita la contratación directa con otros organismos del Estado no tienen inconveniente de hacerlo directamente con el Eninder.
“Por todo ello, insisto en que el mismo tiene legalidad y motivación más que suficiente para su aprobación”, asegura en su voto el tribuno oficialista.
Ante cada rechazo, el intendente insiste y a pesar de no estar aprobado puede girar igual los fondos al Eninder, pero haciéndose responsable de manera personal de esa decisión.