El reciente anuncio del gobernador José Manuel de la Sota con relación a la instalación de una planta de agroquímicos perteneciente a la multinacional Monsanto en nuestra provincia nos llama a tomar posición frente a un hecho, que si bien implica la apertura de fuentes de trabajo directas e indirectas, no puede dejar de advertirse preventivamente acerca de las prácticas de capitalismo predatorio que han tenido consecuencias nefastas en distintos lugares del mundo, en particular en países de América Latina.
La reforma constitucional de 1994 incorporó a nuestra Constitucional Nacional los denominados Derechos Humanos de tercera generación, entre ellos, los establecidos en el artículo 41 fundados en la legítima protección ambiental vinculada al irreductible derecho de gozar de “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
El espíritu de esta norma es el mismo que anida en lo prescripto en el artículo 64 de nuestra Constitución Provincial que establece que “El Estado provincial protege, fomenta y orienta el progreso, uso e incorporación de la ciencia y la tecnología, siempre que reafirmen la soberanía nacional y el desarrollo regional, que no alteren el equilibrio ecológico y contribuyan al mejoramiento integral del hombre. Queda garantizada la participación de todas las personas en los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento igualitario; deben evitarse los monopolios, la obsolescencia anticipada y la distorsión de la economía”.
De allí se deriva, que sin perjuicio de alentar el progreso y la radicación de inversiones que generen trabajo genuino y valor agregado a nuestra producción de materias primas, los ciudadanos de Córdoba merecemos la misma protección que los ciudadanos del "primer mundo".
Por ello exigimos que el Gobierno de la provincia requiera a empresas como Monsanto Corporation que se instalen en nuestra provincia que funcionen bajo un estándar legal y tecnológico de control ambiental no inferior a los exigidos por Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea.
La directiva 96/61 del Consejo de Europa impone severas normas legales a los países integrantes de la Unión en materia ambiental.
En dicha directiva (anexo tercero) se detallan las industrias contaminantes sometidas a esta regulación y dentro de las primeras industrias nominadas en esta lista está la biotecnología agroindustrial.
Por ello entendemos que partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil debemos establecer un férreo control ciudadano para evitar que las políticas de flexibilidad laboral e impositiva que el Gobierno de Unión por Córdoba impulsó desde sus inicios, se trasladen al campo ambiental mediante la instrumentación de políticas de la “flexibilidad ecológica” que abran la posibilidad de atenuar exigencias en esta parte del mundo, haciéndolas más “amigables” que las implementadas en la Unión Europea o Estados Unidos para similares emprendimientos.
La vida humana de los cordobeses no es ni debe de ser considerada de inferior calidad que la vida humana en los países centrales.
¡Estemos atentos! Que las inversiones del presente no sean una hipoteca que comprometa la vida de las generaciones futuras.


Alfredo Javier Orgaz, Javier Horacio Fabre y Rodrigo López Tais
Unión Cívica Radical