La secretaria de Prevención contra la Trata de la provincia de Córdoba, Amelia Chiófalo, cruzó ayer duramente al fiscal Federal Subrogante de Villa María, Carlos Facundo Trotta, por sus declaraciones a EL DIARIO publicadas en la edición de la víspera, a las que tildó de “desafortunadas” y “vergonzantes”.
El funcionario judicial había dicho que con el cierre de prostíbulos, a raíz de la nueva Ley contra la Trata, se les hacía más difícil a la Justicia investigar posibles delitos, ya que desaparecían los lugares más visibles en los que se produce la explotación sexual de personas.
“Me parece desafortunado y muy ridículo”, sentenció Chiófalo al ser consultada por este matutino. “Es una mirada superficial y plenamente equivocada. Evidencia un desconocimiento absoluto y total. Con este criterio, dejemos las escenas de crimen abiertas para que se cometan delitos”, recalcó. “Dejemos los desarmaderos de autos y demás para facilitarse el trabajo al fiscal”, ironizó la funcionaria provincial.
Chiófalo subrayó que el cierre de prostíbulos era una medida demandada tanto nacional como internacionalmente, indicando que la solicitaron desde Carmen Argibay desde la Corte Suprema de Justicia, hasta distintas ONGs. “Lo han pedido a gritos. Lo ha pedido a gritos Susana Trimarco (mamá de la desaparecida Marita Verón)”, manifestó.
“La gran fortaleza de la ley es que se cierran los lugares de explotación, los prostíbulos son los lugares de destino por excelencia de las víctimas”, advirtió.
“Si habláramos de explotación laboral en un cortadero de ladrillos, creo que ningún fiscal tendría el delirio de decir que los dejemos abiertos así ellos pueden buscar a las víctimas”, añadió.
La entrevistada recalcó que desde la implementación de la reciente norma provincial, “se ha generado una cantidad de causas, en un solo procedimiento, mayor que las que existían desde la sanción de la Ley de Trata (nacional), ya que todos sabemos, y es una de las críticas que se le hace a la Justicia Federal, hay pocas causas y pocas condenas desde entonces”.
Por su lado, desde la Secretaría de Prevención contra la Trata desmintieron que no haya denuncias en la Justicia local desde la nueva ley. Se precisó que el 5 de julio se presentó la denuncia de una dominicana, aunque no trascendieron mayores detalles.