Escribe: Jesús Chirino

En otras notas de este mismo suplemento mostramos, con pruebas documentales, cómo en tiempos de la dictadura cívico-militar desde la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María (Fmpevm) partían órdenes para el comisionado municipal, cuestión que devela un importante aspecto de la estructura de poder vigente entonces en la organización estatal. El comisionado municipal debía obedecer a la intervención provincial y al poder militar representado por el director de la Fábrica Militar de Villa María. La cosa no era muy distinta en el Poder Judicial.

El poder en los uniformes

En relación a la Justicia encontramos testimonios coincidentes acerca de aquella época en ese ámbito. Por ejemplo, un abogado y un ex empleado judicial recuerdan como jueces del fuero local, estando en el edificio de Tribunales, recibían llamados telefónicos desde la dirección de la Fábrica Militar. En más de una oportunidad le avisaban a un juez que estaba al teléfono, Mario Norberto Fornari, director de ese establecimiento militar. Entonces había jueces que bajaban las escaleras con un andar apresurado y contestaban reiterando la expresión "sí, señor", sólo faltaba que se cuadraran haciendo el saludo militar. Por lo que se les escuchaba decir a los representantes del Poder Judicial, dicen los testimonios, era claro que hablaban de causas judiciales en trámite. Otro abogado cuenta que en momentos en que se preguntaban quién sería nombrado juez para cubrir una vacante, junto a un colega vieron salir de la oficina de Fornari a otro profesional del derecho. No dudaron que ese sonriente abogado sería el elegido. Los hechos corroboraron sus sospechas cuando supieron del nuevo juez, designado como delegado del Supremo Tribunal de Justicia en la ciudad.
Los vecinos en general también tenían en claro que, más allá de aquellos que servían a la dictadura ocupando cargos oficiales, el poder real residía en quienes vestían los verdes uniformes. No eran pocos los autoritarios de a pie que se daban importancia diciendo tener "amigos" en "la fábrica" y ante cualquier conflicto señalaban la posibilidad de llevar las novedades a los militares. Un vecino cuenta que ante el reclamo de una deuda que le hacía a una mujer de la ciudad ésta le espetó "deje de molestar, sino iré a la Fábrica Militar a decir que usted es un zurdo". Escenas como esa no eran raras y no son pocos los vecinos que pueden contar casos similares.

Abogado acusado de "perturbador"

Pero no sólo existen testimonios orales de esas cuestiones, también hay documentos escritos. Así alguna vez mostramos la queja de un vecino ante la autoridad militar por el ruido que hacían los jóvenes cuando salían de una confitería ubicada en la costanera del río Ctalamochita. También encontramos otros documentos que tienen relación con la queja que Segundo Olmazábal, en noviembre de 1976, elevó al interventor del Gobierno provincial.
En el escrito ese vecino se presentó como un hombre nacido en 1912, domiciliado en la calle Ramiro Suárez, que "cumple con las leyes vigentes", que alquiló una propiedad suya y que, según su decir, tenía "dos abogados que se han confabulado o combinado para perjudicarme mucho". La nota fue dirigida al general Carlos Bernardo Chasseing, interventor en el Gobierno provincial desde abril de 1976. Este militar políticamente obedecía a Benjamín Menéndez, terrorista condenado en democracia.
Olmazábal dice que el inquilino no le pagó y por ello inició acciones legales, interviniendo el juez Jorge Walter González. Para el propietario, la casa debería estar desocupada y él haber cobrado todo. Como así no sucedieron las cosas acusó a su propio abogado, León Velo de Ipola, y a José B. Naselli, patrocinante del inquilino. Las acusaciones ante el general gobernador fueron diversas. De Ipola dijo que no había cumplido con lo que tenía que realizar y, textualmente, "ahora cobra todo lo que ha hecho y lo que no ha hecho". En tanto de Naselli dijo que su especialidad era "chicanear, enredar las cosas, aconsejar a los tramposos… al abogado que yo busco, él lo perturba… ".

Autoridades controlando abogados

La cosa no terminó allí, el 21 de diciembre, el coronel Miguel Angel Marini, ministro de Gobierno de Córdoba, escribió una nota al interventor municipal de Villa María, Adolfo Jaca, referenciando la nota de Olmazábal pidiéndole que citara al denunciante para que ampliara la información. Luego, Roberto Domingo Oliva, secretario de Gobierno municipal, pasó la nota a la oficina de Asesoría Letrada para que se realizaran las tramitaciones del caso.
A los pocos días el jefe de Asuntos Legales y Procuración del Gobierno municipal, Ricardo Ignacio Olcese, elevó un informe acerca del caso. En
el mismo dice haber citado a Olmazábal y que se entrevistó con "el señor juez de Paz Letrado de esta ciudad, doctor Jorge Walter González, interviniente en la causa de desalojo… ", que Velo de Ipola renunció por divergencia con su cliente y remplazado por el abogado Gustavo Rietschi. El juez dictó sentencia para desalojar el inmueble, pero que la misma "fue recurrida en apelación por el doctor José B. Naselli" y que en ese momento la causa estaba en el Tribunal de Apelaciones.
Olcese también dice que el juez le hizo conocer "que mientras se sustanció el juicio recibió numerosas denuncias del señor Olmazábal en contra de los abogados, las que no atendió por ser notoriamente falsas". El informe termina diciendo que Raúl Velo de Ipola no infringió "las normas que regulan la conducta profesional… " y que "el monto cobrado está por debajo de los aranceles" fijados normalmente. Para Olcese, que aceptó revisar la conducta de sus colegas, las actuaciones de los mismos fueron regulares. El 24 de enero, Adolfo S. Jaca, comisionado municipal, elevó todos estos antecedentes al coronel Marini, ministro de Gobierno provincial.

Entrevistamos a Naselli, quien nos dijo "han pasado casi 40 años" y que nada recuerda del caso "por más que intento, no recuerdo". Hablando de la época agrega "quizás éramos algo inconscientes, pero sí sabíamos que todo el mundo era vigilado". Así trae una entrevista con el director de la Fábrica Militar en la que para su sorpresa el militar sacó una carpeta con varias páginas en la cual, según el uniformado, constaban datos de abogados de la ciudad. En un momento le leyó su nombre a Naselli y le enumeró información de su vida privada, con datos muy precisos. Supone que se trató de una manera de comunicarle que sabían sus movimientos.

¿Qué tenés en la cartera?

Otro caso que testimonia un abogado local es el de una señorita que por la mañana trabajaba en las oficinas de la Fábrica Militar y por la tarde ayudaba en un estudio jurídico de la ciudad. Resulta ser que la muchacha no quería seguir con sus trabajos, cuestión que le comentó a su patrón abogado. En esa conversación surgió la posibilidad de contactarse con alguien de la ciudad de Córdoba que podría conseguirle un nuevo empleo. La mujer no sabía orientarse en la capital provincial. El profesional tomó un papel y un lápiz, le dibujó un detallado croquis para facilitarle la ubicación del inmueble donde se encontraría con el posible empleador. En el dibujo puso el pasaje Santa Catalina, la Catedral y algunas que otras referencias del centro cordobés. Pasaron dos días y la empleada volvió a hablar del tema con el abogado, pero esta vez asustada. Tenía la tez pálida de miedo por lo que le había pasado. Esa mañana, en su trabajo matutino, el director de la Fábrica le dijo que quería hablar con ella. Sentado en su oficina el hombre le preguntó "¿qué es esto?", a la vez que extendió sobre el escritorio el croquis trazado por el abogado. No fue fácil dar las explicaciones, pero aclarado el asunto le regresó el papel que alguien, sin su permiso, le había sacado de su cartera.
Todos estos casos son muestras de la vigilancia montada por el Estado terrorista, en tiempos de la dictadura cívico- militar que subvirtió todas las instituciones de la República.