La Cámara Primera del Crimen de Córdoba cerró ayer la etapa probatoria con la recepción de las dos últimas declaraciones testimoniales del juicio oral que se sigue en Córdoba por supuesta contaminación con agroquímicos y estableció que las partes deberán efectuar sus alegatos el martes 7 de agosto.
En la última ronda de testimonios, en primer lugar, declaró Mauricio Cuevas, que vivió hace unos 12 años en barrio Ituzaingó Anexo, de la capital cordobesa, en una franja de terreno que está junto a los campos del acusado Francisco Parra.
A su turno, Héctor Minnucci, quien también vivía cerca del campo, declaró que, en febrero de 2004, vio a una avioneta (supuestamente aquella con la que se habrían realizado fumigaciones) y que debido a que su hijo luego se sintió mal, efectuó una denuncia.
Al haberse cerrado la etapa prevista para la producción de pruebas, ahora sólo resta que las partes efectúen sus alegatos, ocasión en la que deberán valorar la prueba recolectada, tras lo cual el tribunal fijará una fecha para la lectura de la sentencia.

s La causa

En la causa, Parra, al igual que Jorge Gabrielli, ambos dueños de los campos de soja ubicados en los alrededores del barrio Ituzaingó Anexo, está imputado como presunto instigador del delito de contaminación ambiental (artículo 55 de la Ley 24.051).
No obstante, a raíz de un requerimiento realizado por el fiscal Marcelo Novillo Corvalán, le imputan ser presunto coautor de contaminación dolosa reiterada.
Asimismo, a Parra se le atribuye la perduración en el tiempo del delito (desde octubre de 2003 a febrero de 2004) y la aplicación de nuevas sustancias tóxicas (supuestamente DDT y Dieldrín, 2.4-D y clorifos, además de endosulfán y glifosato) en los campos aledaños a barrio Ituzaingó Anexo.
Para la celebración de este juicio fueron unificadas dos causas, y los imputados son los productores agropecuarios Gabrielli y Parra, además del piloto fumigador Edgardo Jorge Pancello.
A Pancello, como producto de fumigaciones aéreas a baja altura, le imputan haber provocado supuestamente, en el carácter de autor, contaminación ambiental por el uso de sustancias peligrosas para la salud humana.
Los hechos juzgados por el tribunal ocurrieron presumiblemente cuando la Municipalidad de Córdoba ya había declarado al grupo poblacional de barrio Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria, entre otras razones, por la presencia de productos agroquímicos contaminantes.
Según la acusación, en las fumigaciones realizadas sobre los campos ubicados en las inmediaciones de barrio Ituzaingó se utilizó endosulfán y glifosato, en violación a la Ley de Agroquímicos de Córdoba 9.164, que prohíbe la aplicación aérea de dichos productos agroquímicos en un radio menor a los 1.500 y 500 metros de distancia de las poblaciones urbanas, respectivamente.