El camarista René Gandarillas escuchará hoy los alegatos de las partes y posteriormente dará a conocer su veredicto en la audiencia final del juicio que se le sigue a María Isabel Plazza (54) por el choque en el que perdió la vida Claudio Damián Deheza (19) la noche del lunes 10 de agosto de 2009.
La tercera y última jornada de este proceso se iniciará a las 8.30 con el alegato del fiscal de Cámara, Francisco Márquez, y continuará con las conclusiones del representante de la Querella, Raúl Camandone, y del abogado defensor, Luis Caronni, tras lo cual se dictará la correspondiente sentencia.
Si bien la decisión final está en manos del juez Gandarillas, todo indica que Plazza será declarada culpable del siniestro vial registrado hace casi tres años en la esquina de avenida Alem y San Juan. Y la conjetura periodística se basa en las declaraciones de seis testigos que aseguraron que el joven motociclista cruzó con el semáforo en verde.
La mujer está imputada como presunta autora de “homicidio culposo agravado”, a tenor de lo establecido por el artículo 84 del Código Penal de la Nación.
Dicha norma legal establece que “será reprimido con prisión de seis meses a cinco años, e inhabilitación especial, en su caso por cinco a 10 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”.
Sin embargo, el segundo párrafo precisa que “el mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor”.
Para que quede claro, el delito que se le atribuye a Plazza es reprimido con prisión de dos a cinco años, e inhabilitación (en este caso, para manejar) de cinco a 10 años, mientras que el agravante está dado por la conducción de un vehículo automotor.
En ese marco, es un hecho que el fiscal Márquez pedirá que la mujer sea declarada culpable y posiblemente solicitará una pena de tres años de prisión en suspenso, lo cual le permitirá continuar en libertad. En tanto, es probable que el querellante pedirá una pena mayor, mientras que la Defensa reclamará la absolución por entender que se trató de un “accidente”.