La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) presentó una denuncia ante el INADI contra los Tribunales provinciales por supuesta discriminación contra las mujeres embarazadas, a quienes les demoran el ingreso laboral “hasta que nazca el bebé”.
Ernesto Olcelli, prosecretario de Acción Social del gremio a nivel provincial, dijo que se dieron muchos casos, pero que concretamente, hubo dos en Villa María.
“Uno de ellos ocurrió el año pasado. Fue víctima una mujer que había rendido el concurso dos años y medio atrás, y en ese lapso fue ascendiendo en el orden de mérito. Cuando llegó la hora de ser convocada para ingresar, la ven embarazada y le dicen que vuelva después que nazca el bebé”, relató.
Intercedió en ese caso la secretaria General del Gremio a nivel provincial, Irina Santesteban, quien solicitó a una vocal del Tribunal Superior que como mujer, no podían dejar afuera a una par por estar embarazada. “Habían pasado dos años y medio de su concurso y gestar hijos es parte de la vida, no te pueden castigar por eso”, dijo Olcelli.
El otro caso villamariense fue contra una mujer que iba a ingresar en los Tribunales de Las Varillas y finalmente pudo comenzar a desempeñarse laboralmente en esta ciudad. Aquí también tuvieron que interceder. “Lo que pasa, es que ya es una conducta de discriminación del Tribunal y por eso creemos que más allá de mediar en cada caso, había que exponer la situación ante el INADI”, concluyó Olcelli.
Cabe destacar que en 2010 fue creada la Oficina de la Mujer en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia, con el objeto de “adoptar medidas que incorporen la perspectiva de equidad de género en todos los ámbitos y esferas del quehacer judicial”, indicaron desde AGEPJ. Sin embargo, “la realidad indica que en los Tribunales de Córdoba existe una clara discriminación hacia las empleadas y funcionarias embarazadas”.
Agregan que en el caso de las funcionarias, el Poder Judicial acordó que en caso de una suplente a la que se le produce la vacante, no podrá ocuparla si está embarazada.
“La discriminación se produce no sólo por la excepción peyorativa que dispone el Acuerdo N° 1.089, sino porque nunca le podrá suceder a un varón, lo que implica un trato desigual en razón de género”, concluyeron desde el gremio.