Escribe:
Jesús Chirino

Los conflictos que se dan acerca del mundo laboral tienen que ver con las épocas que vive la sociedad. Aunque, algunas veces, discusiones que parecen superadas en un tiempo regresan con vigor décadas después. Repasamos aquí una discusión en el ámbito del empleo privado y otra en lo público.

@ Con esperanza

Iniciándose la segunda quincena del mes de noviembre de 1937, año de los comicios nacionales en los que Roberto Ortiz fue electo presidente de la Nación, el diario local Heraldo publicó un artículo con duros términos denunciando violaciones de las normas laborales por parte del dueño de un conocido local gastronómico de la ciudad.

La nota periodística se titula “Viola leyes del trabajo el dueño de La Esperanza”; se trataba del local ubicado frente a la plaza Centenario, en la tradicional esquina de Buenos Aires y General Paz. Confitería muy concurrida en la que habitualmente se ofrecían espectáculos musicales con actuaciones en vivo. Por aquellos años no pocas veces orquestas o solistas provenientes de Buenos Aires se instalaban por unos días en la ciudad y en uno de los lugares que repetían sus actuaciones era en La Esperanza. Allí también ofrecían su arte músicos de Villa María y la zona.

Según escribió el periodista del Heraldo en el artículo mencionado, el propietario del lugar era “un comerciante que se ha caracterizado siempre por su posición abiertamente refractaria al cumplimiento de todas las legislaciones que lastimen su ambición de hacer dinero”.

Recordemos que entonces a nivel nacional se vivía en esa triste época de nuestro país que suele denominarse “década infame”, en la cual el fraude se enseñoreaba en la vida pública, cuestión que fue muy evidente en la mencionada elección presidencial del mes de setiembre.

La situación de los trabajadores no desentonaba con esa realidad, aunque en Córdoba se vivía un clima algo diferente dado que ejercía el Gobierno provincial Amadeo Sabattini, quien había ganado de manera limpia en las elecciones del año 1935 y desarrolló una política que generó empleo, a la vez que incentivó la formación de sindicatos y su constitución como actores políticos importantes en la resolución del conflicto social.

Volviendo a la denuncia del Heraldo, la nota del 18 de noviembre describe el caso diciendo: “Hace casi tres meses, el 28 de agosto del corriente año, el mozo José Ricca, que como todos los que trabajan en La Esperanza deben desarrollar jornadas agobiantes de 14 ó 16 horas diarias, sintió su salud quebrantada y se sometió a la revisación médica respectiva. El dueño del establecimiento, Enrique Marcatilli, se negó en forma terminante a pagar la indemnización reglamentaria, pese a que Ricca la reclamó reiteradamente munido del certificado médico respectivo. De nada le valió al empleado reclamante la serie de argumentos que esgrimió en su favor. Su patrón no le reconoce ni un centavo de la suma aproximada de 600 pesos que, de acuerdo a lo que prescriben las leyes, debería cobrar después de cuatro años de bárbara expoliación. Que es lo que indudablemente ha determinado la grave enfermedad que ha contraído”.

Para entonces había tomado cartas en el asunto el Departamento de Trabajo y el periodista del Heraldo confiaba en que se haría justicia en la dura realidad “de un trabajador explotado y enfermo, haciéndose necesario, por otra parte, escarmentar a los patrones abusadores que, como Enrique Marcatelli, hacen tabla rasa de todas las legislaciones”.

@ Estabilidad y empleo público

A pesar de algunas políticas de justicia social implementadas por el radicalismo en Córdoba, como señalamos, la situación del conjunto de los trabajadores era difícil. En lo avisos clasificados de la prensa escrita podían leerse avisos en los cuales se ofertaba mano de obra. En algunos la oferta decía “hombre joven sin pretensiones para dependiente o chauffeur”; también se ofrecía más de una mujer para ser “ama de leche”.

El año que nos ocupa, 1937, fue un año en el que se produjeron 200 huelgas en la provincia, muchas más que el año anterior, pese a que desde 1934 se venían incrementando como expresión de las necesidades contenidas por la crisis del 30, que pudieron expresarse a partir de la apertura política del Gobierno radical.

En relación al sector público, por esos días el Directorio del Banco de Córdoba, atendiendo un largo reclamo de los trabajadores bancarios, resolvió devolverles a los empleados de la entidad los descuentos de haberes que se les habían realizado en 1932.

Una discusión expresada con fuerza en la época se relacionaba con la estabilidad del empleado público. Heraldo también se hizo eco de esa discusión y en uno de sus títulos señaló: “Sin ley de inamovilidad, nunca se evitará que el voto sea mercantilizado”. El Gobierno anterior había dictado una ley de estabilidad en el empleo público, pero la misma era cuestionada en el ámbito político y legal, denunciando que el Partido Demócrata la había generado para obstaculizar el accionar del nuevo Gobierno. Desde la prensa local se señalaba que aprobada una nueva ley de estabilidad para el empleado público, desaparecerían “…para siempre las bajas maniobras politiqueras y se depurará la educación cívica del votante, atraído hoy a los atrios de los comicios por el señuelo del puesto público”.

Claramente se planteaba el uso del empleo en el Estado para la constitución de grupos de militantes que se sumaban a una parcialidad política para conseguir empleo y luego debían obedecer políticamente a quien tenía la facultad de terminar con esa relación laboral. El periodista decía que “mientras subsista el criterio sustentado por el Ejecutivo cordobés, no tendremos ley de estabilidad y la podredumbre moral de los políticos profesionales mantendrá su primacía en todos los actos de gobierno, pervirtiendo más aún las conciencias ciudadanas y desnaturalizando la función de los servidores del Estado”. Aún se defendía que los gobernantes tenían el derecho a designar a quien querían para ocupar los empleos públicos. Es decir, que más allá de la conflictividad en el sector privado, estaba esta otra discusión en lo público.
La estabilidad laboral del empleado del Estado fue resuelta, a nivel nacional, mediante la reforma constitucional de 1957. Aunque la inventiva de ciertos sectores dirigenciales parece que siempre encuentra manera de que siga vigente la inestabilidad en el empleo público y debamos regresar a discusiones que se creían saldadas hace décadas.