Alexis Aguilar, Romina Chazarreta y Eduardo Fernández, congresales provinciales de Villa María por la Coalición Cívica (CC) ARI, consideraron ayer que el Gobierno nacional “está a la izquierda de lo que marca la ley” y que no combate la inseguridad, la que “no es una sensación ni una movida de la derecha sino una realidad”.
El pronunciamiento enviado a EL DIARIO fue realizado a raíz de la polémica que surgió de las salidas de prisión de personas como el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, que fue condenado por el asesinato de Wanda Taddei o de Rubén Pintos, ex barrabrava de River que fue sentenciado por el homicidio de Gonzalo Acro. Estos “son miembros del ‘Vatayón Militante’, a los cuales se les otorgó anticipadamente el beneficio de salidas transitorias o ‘culturales’ como lo enmascara el Gobierno, sin que los mismos cumplan con los requisitos temporal y evaluativo de la conducta del preso en la cárcel establecidos por el artículo 17 de la Ley 24.660”, denunciaron los congresales.
“Si bien es cierto que el Derecho Procesal Penal tiene por fin no el castigo de los reos sino la resocialización y la no reinserción en el delito, resulta necesario decir que nuestro régimen penitenciario es deficitario, ya que en vez de darles herramientas a los presos para que aprendan un oficio, profesión o se los rehabilite en el consumo de las drogas, se los incentiva en tareas como: hacer facas, drogarse y mejorar la modalidad delictiva para cuando recobren la libertad evitando la frustración del futuro ilícito”, sostuvo el comunicado.
“Estas salidas ‘culturales’ no son más que una movida política de este Gobierno para lograr más adeptos al modelo, con el grave riesgo de que aumenten las fugas. Se debe poner el acento que el verdadero fin del Estado es el bienestar general lo cual, difícilmente se conseguirá sembrando el miedo en la sociedad debido al peligro que las mencionadas salidas implican”, aseveró el escrito y evaluó que lo sucedido “configura una verdadera burla a las familias de Wanda, Gonzalo o de la joven violada en 2009”.
Aguilar, Fernández y Chazarreta hicieron hincapié en que esta circunstancia denota “una total indiferencia ante el dolor humano de haber perdido a un ser querido, además de una falta de respeto al sistema judicial y en especial al de ejecución penal que le resta cada vez más credibilidad”.