En una audiencia de la delegación local de la Secretaría de Trabajo, ATSA formalizó un reclamo gremial por dos trabajadoras de un centro de consultorios médicos que funciona en la calle General Paz al 300.
El reclamo fue por el blanqueo de esas empleadas que están en negro y en la nota publicada en este medio se asoció que muchos de los médicos que integran la nueva sociedad eran parte del Sanatorio Hernández, que todavía adeuda las indemnizaciones, pese a que la Justicia falló a favor de las empleadas.
Hasta aquí, un resumen de la nota publicada en EL DIARIO. Frente a esta información, uno de los propietarios de los nuevos consultorios, Carlos Eugenio Gagliese, aseguró a través de una nota que las expresiones de Jorge López, delegado de ATSA, “son de mal gusto, fuera de un contexto real, que utiliza los medios de prensa para hacer ver a la ciudadanía que es un súper delegado sindical”.
Entiende que con sus expresiones lesiona “el buen nombre y honor de este profesional”.
Gagliese aclaró también que si bien trabajó en el Sanatorio Hernández, su situación “ya fue juzgada, dado que la Justicia local me desvinculó totalmente”.
También señala que hay otros médicos en los consultorios, como el Dr. Villarruel o el Dr. Vogler (no señala los nombres de pila) que “no tienen ni han tenido ningún tipo de relación” con el malogrado sanatorio.

@ Cuestión gremial

Señaló en la misma nota que las secretarias de los consultorios no realizaron reclamos sindicales, “sino por el contrario, entiende el suscripto -Gagliese- que se trata de una política de persecución personal por parte del delegado Jorge López, quien juntamente con la Secretaría de Trabajo se presentó en los consultorios solicitando información sobre el personal administrativo”.
Cabe informar sobre este punto que la ley es muy clara: el trabajo debe estar registrado.
Esto es independiente de la acción gremial, del trabajo de inspección que haga la autoridad laboral y, por supuesto, del reclamo que pueden hacer individualmente los empleados, considerados como los sujetos que la ley tiene que proteger.
Esta salvedad vale para pasar al punto siguiente de la nota de Gagliese, cuando señala que hizo el descargo correspondiente indicando que están tramitando la conformación de la sociedad que será la propietaria de los consultorios y que la Secretaría laboral le dio plazo hasta el mes de octubre para que lo formalice.
Asegura también -contrario a lo afirmado por López- que nunca dejaron de asistir a las audiencias de la cartera laboral y que cuando tuvieron imposibilidad de estar presentes, pidieron prórroga.
Señala además que no “se ha notificado ningún tipo de multa relacionada con el acta de constatación”.
López aludió que le impusieron tres multas: dos por faltar a las audiencias y una por no tener el personal registrado.
Gagliese finaliza la nota pidiendo a López que se rectifique públicamente.