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Los que abrazamos la cultura del trabajo, dando la espalda a la especulación, tenemos la esperanza de cruzar la línea de culminación de la etapa laboral con uno de los derechos elementales del trabajador: el beneficio de la jubilación.
Un beneficio por el que hemos resignado, durante años, parte de nuestros ingresos bajo la promesa de un merecido premio en esa esta “tercera edad” que lleva impresa bajo la solapa la posibilidad de “disfrutar de la vida” con la “experiencia y sabiduría que traen los años”(una bonita y elegante manera de presentar la vejez).

Los que abrazamos la cultura del trabajo con el esfuerzo, la lucha y el sacrificio que significa esa elección de vida podemos hacer frente, sin temor, a un físico que se va transformando, al rostro dibujado con las líneas de las vivencias y a las inevitables palabras que los médicos nos dejan junto al recetario para recordarnos que ya no tenemos la tensión ideal ni la columna perfecta ni el colesterol bueno ni las piernas ágiles de antaño.

Pero, resulta sumamente complejo enfrentar la inseguridad proyectada en una pantalla que nos muestra que los jubilados son la mejor variable a la hora del ajuste económico.
¿Por qué los problemas de la Caja de Jubilaciones deben resolverse castigando al pasivo, fundamentalmente a los que cobran el mínimo?

Es la pregunta que, sin duda, no se hicieron los legisladores cordobeses que votaron apresuradamente la ley que impide a los pasivos cobrar por seis meses los aumentos.
Nuevamente, el hilo se corta por el más débil.
Hace años que la Caja previsional tiene problemas de financiamiento y poco se hizo (prácticamente nada) para encontrar soluciones que tiendan a organizar un sistema seguro y previsible (como su nombre lo indica).

Es real que los jubilados cordobeses tienen ingresos superiores a los nacionales, pero también es real que existen abismales diferencias entre los haberes mínimos y los máximos. Una brecha que favorece a una minoría privilegiada en desmedro de la mayoría.
El reclamo a la Nación por la deuda que tiene con la provincia, la recuperación del 15% comprometido en un Pacto Fiscal firmado hace veinte años son cuestiones (atendibles) que deberían resolverse en el plano estrictamente político.

Los convenios respectivos fueron firmados por nuestros representantes sin solicitar el consentimiento de los aportantes y beneficiarios del sistema previsional, que hoy (por obra y gracia de los desaciertos pasados) se transformaron en los grandes y únicos perjudicados.

Si los avatares de la dinámica política de nuestro país y los enfrentamientos típicos del poder distribuyen sus efectos dañiños en el terreno de los obreros activos y pasivos, resulta imposible pensar en futuras generaciones abrazando con amor la cultura del trabajo y “deseando” con fervor aportar al Fisco.

El déficit de la Caja no pasa por el jubilado de menores privilegios. Son diversas las cuestiones que necesitan ser revisadas. El trabajo informal (existente también en el ámbito estatal), las malas administraciones son apenas la punta de una madeja que debe ovillarse en base a la justicia social y no a la conveniencia de la coyuntura.
Está en juego el bienestar de quienes ofrendaron los mejores años de su vida al mundo del trabajo y no es poco.