Un ex fiscal de Instrucción de Villa María realizó sorpresivamente declaraciones públicas sobre la prostitución y la droga en la ciudad, a través de una carta que envió a un diario provincial.
Lisandro González Ceballos, a cargo de una de las Fiscalías de Instrucción local desde 1984 hasta 1993, cuando se jubiló, sostuvo que “la lacra” de la prostitución “se extendió por la protección de caudillejos partidocráticos y la desidia e inoperancia de la propia Justicia, temerosa del llamado ‘tribunal de jury’, integrado hoy por ‘acaudalados jueces de jueces’”, en expresiones formuladas en una carta de lector que publicó en la víspera La voz del Interior.
El ex alto funcionario judicial hizo alusión a una nota en que el citado matutino denunció la explotación sexual de menores en la ruta pesada villamariense, informe del que se hizo eco durante varias jornadas EL DIARIO. Ceballos señaló que cuando él estuvo en función se combatió “tenazmente” la explotación. “De 20 prostíbulos públicamente abiertos solamente en la ruta pesada, hacia el final de mi gestión habían quedado no más de media docena de destartalados centros, constantemente allanados, en donde en más de una oportunidad fueron halladas menores de edad de diversos países. Entonces, fueron imputados personajes de la noche, por el delito de promoción de la prostitución de menores”, indicó.
“Todo este trabajo arduo y desgastante -continuó- fue realizado gracias a una jefatura de distrito y personal policial dependiente que trabajó mancomunadamente con la Fiscalía sin importar ni días ni horas. Sin esa actuación, hubiera sido imposible llegar a los óptimos resultados que en su momento se lograron”, expresó, al tiempo que recordó que sólo el caso de Sara Mundín quedó en la impunidad, “en comparación con más de una veintena sin resolución en la actualidad, incluido violaciones de niños”, en referencia a los pequeños Maxi Rodríguez y Gonzalo Ledesma.
Ceballos destacó “la participación activa de las autoridades municipales en la gestión de Horacio Cabezas, que señalizó con más de una docena de carteles en que se prohibía y penaba con multa el estacionamiento sobre la mencionada ruta, so pretexto de evitar accidentes de tránsito, pero cuyo trasfondo era cortar la recaudación ilegal de los tratantes de blancas”.
Recordó que dichas señalizaciones “que tanto costaron al municipio, fueron arrancadas y robadas a mediados de 1993, sin haber sido investigado el hecho, a pesar de constituir delitos públicos perseguibles de oficio”.