El gobernador José Manuel de la Sota presentó una serie de medidas que atentan contra los ciudadanos de la provincia: por un lado, se demora el pago del aumento a los jubilados por seis meses y, más preocupante aún, se presentó una medida para imponer una tasa a los combustibles de 30 centavos por litro de nafta o gasoil y 10 centavos para el GNC, con el objetivo de recaudar dinero para obras viales. Todo ello, en el contexto de un reclamo para volver a obtener los recursos coparticipables y renunciar al pacto fiscal de 1992.
En primer lugar, hay que aclarar que el pedido del gobernador para recuperar el 15% de la coparticipación federal es una disposición que confluye sobre las ideas de defender los recursos que realmente le corresponden a la provincia y, en ese sentido, es acertado. Aunque, estimo, que el reclamo acontece por una realidad apremiante en materia financiera que el Gobierno no puede afrontar sin el dinero que, si bien le corresponde, no lo tiene por las demoras que la Nación ha venido teniendo con esta provincia.
Por otro lado, el plan de ajuste presentado viene a demostrar una situación que el gobernador quería tapar: la realidad financiera de la provincia es apremiante. Ello, llevó a de la Sota a tomar dos clases de medidas: reclamar lo que le corresponde en materia de coparticipación federal porque tiene que conseguir los recursos que le aseguren la sustentabilidad que se encuentra deteriorada. Y por otro lado, aplica un plan de ajuste absurdo para conseguir los recursos, afectando a los sectores que menores posibilidades tienen como los jubilados y, también, creando una inadmisible tasa a los combustibles.
Asimismo, esta medida que propuso de una tasa sobre los combustibles que, lo único positivo que tiene es el aumento en los precios finales de la nafta y GNC afectando, nuevamente, los bolsillos de los ciudadanos de la provincia que tendrán que disponer de una cantidad superior de recursos para afrontar los gastos en estos ítems.
El aumento en la tarifa del combustible es una clara muestra de cómo ajustar y significa un blanqueo de la crisis que afecta a la provincia y que hace muy poco negaba rotundamente, aludiendo que hasta fines de año estaban los recursos necesarios para pagar los sueldos ya presupuestados.
El plan de ajuste abrupto que de la Sota presentó, es una medida drástica que impactará negativamente sobre la economía de la provincia. No es de considerar que vayan a ser positivas, como dicen quienes apoyan, porque va a equilibrar las finanzas del Gobierno, sino que termina demostrando lo real de una crisis financiera que afecta a todas las provincias y limita el consumo de todos los cordobeses que se verán afectados por ella.
Una de las medidas recae, principalmente, sobre un sector muy vulnerable: los jubilados.
La injusticia realizada por de la Sota y en contra del sistema jubilatorio, afectará el bolsillo de los ciudadanos que más necesidades tienen y menos posibilidades de empleo poseen. O sea, atamos con alambre la realidad financiera de un pueblo que no se lo merece, porque le sacamos recursos a un sector con ingresos bajos, para solventar una provincia que ha venido derrochando desde hace unos años, cuando se realizo la jubilación anticipada.
Este plan de ajuste es negativo y, en ese sentido, significativo, pues es una vuelta a las medidas de las peores crisis nacionales. En este caso porque, por un lado, se les está sacando dinero a los que menos recursos y posibilidades poseen y, por otro, se cobrará una tasa a los combustibles que impactará aumentando otros servicios, como el transporte.
En este sentido, veo una contradicción en sus declaraciones, pues hace un tiempo había anunciado que disponía de los fondos para la construcción de la autovía Río Cuarto-Córdoba y luego, cuando los cálculos de las finanzas provinciales le fallaron, decide crear este impuesto para solventar obras viales.

Darío Capitani
concejal