“Es por todos nosotros conocido que actualmente la opinión pública se muestra preocupada por el alto grado de corrupción existente en las instituciones públicas. Y si bien suele ser lugar común pensar que ‘la corrupción existe desde que existe la historia de la Humanidad’, observamos día a día numerosos indicios que nos señalan que la corrupción ha aumentado notablemente en los últimos tiempos, y en muchos casos ha alcanzado dimensiones francamente aterradoras, a punto tal que ha comenzado a ser considerada como uno de los mayores flagelos sociales.”
Con estas palabras comienza la fundamentación de un proyecto de reforma del Código de Etica Municipal que está prácticamente listo para ser presentado en el Concejo Deliberante.
El autor de la iniciativa es el concejal del Partido Villamariense Darío Capitani.
Una de las modificaciones sustanciales que el edil propone está referida a la presentación de la declaración jurada patrimonial de los funcionarios públicos.
En la actualidad la norma prevé que dichos formularios se entreguen, al auditor General, en sobre lacrado que será abierto únicamente en caso de ser requerido por la Justicia.
“Nosotros planteamos que dichas declaraciones se hagan públicas”, señaló Capitani.

En la web y en el Boletín

Efectivamente, el texto del proyecto que será elevado al Deliberante, expresa en uno de sus puntos que “las declaraciones juradas del patrimonio de los funcionarios, de sus cónyuges o convivientes, y de las personas a su cargo, serán de carácter público” y remarca a continuación que “a los efectos de su conocimiento por parte de la ciudadanía serán publicadas en el Boletín Oficial, y en la página web del municipio”.
Por otro lado, la propuesta de Capitani apunta a que los funcionarios acompañen a su declaración patrimonial, la de su cónyuge o conviviente y de las personas a su cargo.
Cabe destacar que la obligación mencionada rige para el intendente, concejales, auditor y adjunto, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, tribunos de Cuentas y todos los que ocupen un cargo de naturaleza política en cualquier ámbito del municipio.

Los datos exigidos

Capitani, en su iniciativa (basada en el actual Código pero con algunos cambios) estipula que los funcionarios deben especificar en sus declaraciones, entre otros, los siguientes datos:
* Bienes inmuebles, radicados en el país o en el extranjero, y las mejoras realizadas con indicación de su valor fiscal, valor actual estimado de mercado, fecha y valor de adquisición y origen de los fondos con los que se abonó el precio de la compra.
* Bienes muebles registrables, radicados en el país o en el extranjero, fecha y valor de adquisición y origen de los fondos con los que se abonó el precio de la compra.
* Otros bienes muebles no registrables, cuyo valor sea superior a tres (3) Canastas Básicas Total, según el INDEC.
* Inversiones en títulos, acciones y valores, cotizables en bolsa o no, participación en explotaciones personales o en sociedades con indicación del valor, fecha de adquisición, valor actual estimado de mercado y origen de los fondos con los que se abonó el precio de la compra.
* Depósitos en bancos o en otras entidades financieras en el país o en el extranjero, a la fecha de cada declaración jurada, con número de cuenta/s y entidad de cada depósito.
* Créditos y deudas hipotecarias, prendarias y comunes, valor de origen y saldo a la fecha de la declaración jurada.
* Funciones desempeñadas en carácter de fideicomisario, mandatario, gestor o consultor de cualquier tipo de sociedad u organización, con o sin fines de lucro. Período de cada desempeño y remuneraciones recibidas en cada caso.
* Ingresos derivados de rentas y sistemas previsionales.

“Para combatir la corrupción”

En la nota que acompañará la propuesta, que será presentada en los próximos días, el legislador precisó que “resulta claro que la mejor estrategia que se pueda adoptar para evitar y combatir la corrupción consiste en dar a publicidad no sólo los actos de Gobierno sino también a todo aquello que pueda resultar necesario para transparentar la conducta de los funcionarios”.
“De esta forma, intentamos que la sociedad pueda identificar con claridad acciones u omisiones que encuadren bajo las formas mas usuales de corrupción, tales como el cohecho, la extorsión, el peculado, la malversación de caudales públicos o el nepotismo”, aseveró el edil de la bancada del Partido Villamariense.