Las declaraciones de la jueza Cecilia Fernández en la edición de ayer de EL DIARIO originaron un pedido de los concejales radicales Nora Landart y Carlos Gagliano de que se trate un proyecto de resolución “con urgencia”.
La magistrada reveló que ya ha dado audiencias hasta octubre de 2013 a raíz de la inmensa cantidad de denuncias por violencia familiar. Hay 10 casos nuevos por día, en promedio, que llegan a los Tribunales. La difusión de esto motivó un pedido por parte de los ediles de la Unión Cívica Radical al presidente del Deliberante, el justicialista José Escamilla, para que se someta a tratamiento urgente el proyecto que presentaron el 21 de junio pasado, vinculado al abordaje y tratamiento de los casos de violencia.
Aunque los legisladores locales tuvieron en cuenta que la competencia del tema es provincial, evaluaron que el Estado local “tiene una responsabilidad ineludible”.
Tal como afirmó la jueza Fernández en la edición de la víspera, no existe un equipo de constatación para confirmar los casos denunciados.
“Esto es insostenible, no entiendo qué esperan para actuar. Sabemos que le corresponde a la provincia, pero al menos los ediles oficialistas podrían aprobar este pedido a la provincia”, señaló ayer, consultado por este matutino, Carlos Gagliano.
El médico indicó que desde que presentaron la citada iniciativa “no nos han informado absolutamente nada sobre algún cambio o decisión”.
En el proyecto presentado en el órgano parlamentario, el bloque remarcó que no se ha constituido en Villa María el equipo de constatación establecido por la Ley provincial Nº 9.283, en vigencia desde el año 2006, “lo que implica que las medidas se tomen en función de la denuncia y la interpretación subjetiva del juez competente, sin verificación de indicadores psicosociales, antecedentes penales, etcétera, ni control de la decisión adoptada”.
@ Que reabran el centro de victimarios
Para la bancada, el municipio debe, en cumplimiento de lo establecido por la Carta Orgánica Municipal en su artículo 35, planificar y ejecutar “acciones preventivas destinadas a promover la seguridad y protección de los habitantes”.
En este sentido, recordaron que la comuna cuenta con un Centro de Asistencia a la Víctima del Delito y que en 2007 conformó el Centro de Estudios sobre Violencia Familiar -para la atención y rehabilitación de personas que han ejercido o ejercen violencia, ya sea contra sus parejas o contra miembros del entorno familiar- pero que fue cerrado.
“Los miembros de este bloque entienden que resulta de imperiosa necesidad la conformación de un equipo de constatación para las denuncias de violencia en los términos de la Ley 9.283, la reestructuración del Centro de Asistencia con un equipo técnico interdisciplinario, que garantice una oportuna asistencia, tratamiento y rehabilitación de la víctima y la recreación del Centro que trataba al victimario”, apuntó el proyecto presentado.
Gagliano, ante la consulta de este medio ayer, consideró “poco probable” que el cuerpo legislativo trate el tema en la sesión de esta mañana, la habitual de todos los jueves.