La Asamblea, que debía designar autoridades, tratar los estados contables y analizar la gestión de los directores, fracasó ante la posición de los representantes de los diarios Clarín y La Nación, que pretendieron que el Acta fuera firmada sólo por la parte privada.
La Asamblea había sido consensuada con la jueza comercial María Cristina O’ Reilly porque la Comisión Nacional de Valores determinó que el último Directorio de Papel Prensa fue designado en una Asamblea irregular.
La reunión de la que participaron los socios privados (Clarín y La Nación) y los representantes del Estado se frustró cuando se intentó abordar el segundo punto a tratar, que estaba referido a quiénes serían los encargados de firmar el Acta. En ese punto los representantes de Agea y Cimeco y La Nación pretendieron que los dos firmantes del Acta fueran sólo de la parte privada, pero el representante del Estado (el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno) no lo aceptó. Moreno argumentó que el juez Eduardo Malde, en su momento, había resuelto que el Acta fuera firmada por los privados y por el Estado y dijo que “no estaba dispuesto a que el Acta fuera confeccionada por los socios privados y luego lo invitaran a adherir”, señalaron fuentes oficiales.
El clima de la reunión, hasta que la misma quedó frustrada, “tuvo discusiones muy fuertes y con violencia verbal”, según dijeron las fuentes que, además, comentaron que por primera vez el presidente de la compañía, Guillermo González Rosas, reveló que el sueldo del gerente general de Papel Prensa, Jorge Noceda, es de “133 mil pesos más bonus”. La revelación de González Rosas fue en respuesta a una pregunta de Moreno, que cuestionó los costos de la empresa.
Luego de más de una hora y media de conversaciones para arribar a algún acuerdo, el mismo no fue posible. “No hubo ánimo de llegar a un acuerdo, que era lo que quería la jueza”, precisaron las mismas fuentes.
Antes de retirarse de la sede de Papel Prensa, Moreno dialogó por teléfono con la jueza O’Reilly y lo mismo hicieron los representantes de Clarín y de La Nación.
La magistrada había citado a las partes en sede judicial el pasado 14 de agosto con la intención de buscar una conciliación ante la distintas demandas cruzadas.
Regulación a medias
La Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2011 el proyecto que declaró de Interés Público la producción, comercialización y distribución del insumo básico de los diarios. Hay un trasfondo económico y otro político. La Ley beneficiaría a medios pequeños y del interior del país en
cuanto a cupo de compra y haría más equitativo el valor, ya que los socios privados (Clarín y La Nación) pagan valores mucho más bajos que el resto. Si bien la norma avanzó en liberar
parcialmente la cantidad, todavía no pudo hacerlo en lo económico.
La espera continúa.
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