El juez federal Roque Ramón Reback ofreció ayer una conferencia de prensa para brindar información detallada acerca de un procedimiento relacionado con evasión impositiva.
“Hemos recibido en los últimos días diversas visitas, inquietudes y llamadas telefónicas de medios con relación a una de las tantas investigaciones que trascendió del Juzgado de Villa María, por eso convocamos a esta rueda de prensa para despejar dudas y evitar trascendidos sobre el caso”, explicó Reback.
Antes de dar lugar a las preguntas, el juez leyó un comunicado emitido por el Juzgado en el que dice que la causa “por presunta infracción a la Ley 23.737, en la actualidad ya cuenta con un expediente de cuatro cuerpos y más de 950 fojas por investigaciones llevadas adelante por AFIP”.
El texto señala a continuación que, ante el requerimiento de la Fiscalía Federal al Juzgado Federal de Villa María, se ordenaron 16 allanamientos en las localidades cordobesas de Río Tercero, San Agustín y Despeñaderos “con motivo de supuestas infracciones al artículo 15 de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769 (Asociación Ilícita Fiscal) y artículo Nº 278 del Código Penal (lavado de activos de origen delictivo)”.
Hasta el momento, se detuvo a siete personas investigadas, quienes a “prima facie” aparecen como supuestos jefes u organizadores conforme a las investigaciones preliminares sobre la presunta asociación ilícita fiscal.
Además, se encuentran prófugas otras ocho personas. Sobre este punto, el juez Reback confirmó que no se descartan más detenciones y/o allanamientos conforme avance la investigación.
Millonaria evasión
“Según estimaciones que surgen de las primeras investigaciones, la totalidad de las operaciones detectadas pueden llegar a involucrar una suma de alrededor de 1.700 millones de pesos, de los cuales se habrían detectado operaciones marginales que ascenderían a alrededor de mil millones de pesos, arrojando una supuesta evasión impositiva de alrededor de 160 millones de pesos”, detalla el parte dado a conocer ayer.
En la investigación inicial participó tanto la Policía de la Provincia de Córdoba como efectivos de la Gendarmería nacional, dando luego intervención a la AFIP DGI, siempre bajo las directivas de la Fiscalía Federal actuante.
En tanto, los allanamientos ordenados por el Tribunal fueron realizados por efectivos de la Gendarmería Nacional -Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales- Delegación Río Cuarto, conjuntamente con personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
“Intervinieron muchas fuerzas de seguridad en la investigación, aunque los procedimientos se realizaron con una unidad especial de Gendarmería atento al tipo de delito que se buscó a partir de la denuncia que formuló la AFIP y de la promoción del pedido que hace la Fiscalía Federal de Villa María”, aclaró Reback al respecto.
Por otra parte, el documento informa que “el volumen de documentación secuestrada a la fecha, asciende a alrededor de 30 cajas y más de 15 computadoras”.
Sin más detalles, por el momento
“Esta es la información que tenemos hasta ahora, no se pueden dar mayores precisiones porque las investigaciones, si bien hace mucho tiempo se vienen haciendo, todavía están avanzando”, aseguró el juez al concluir la lectura del texto, a la vez que añadió que, de surgir novedades a partir de los allanamientos y detenciones dispuestos, se actualizará la información.
Las personas detenidas permanecen en carácter de incomunicados, por ese motivo, Reback sostuvo que no se puede dar a conocer su identidad. En cambio, adelantó que estarían involucrados profesionales y productores entre los detenidos.
“La investigación comenzó por la Ley de Estupefacientes y derivó después hacia la Ley Penal Tributaria y en lavado de activos”, precisó el magistrado.
“El ‘lavado de activo de origen delictivo’ es, en realidad, dinero que en lugar de entrar al circuito legal, aparece ‘en negro’, como comúnmente se dice, y se utilizan esos fondos con interpósitas personas físicas y o jurídicas para blanquearlos, generalmente a través de compras de activos inmuebles”, aclaró.
Reback confirmó que el hecho está vinculado a la comercialización de cereal y que “en principio, no se utilizaron mutuales u otras figuras que prestan servicios sociales, sino figuras jurídicas en forma de sociedad o asociaciones”, de las que no mencionó nombres.
Además, el juez aseguró que hasta el momento no hay personas de Villa María involucradas.
“Si bien la etapa investigativa estaba a punto para tomar todas estas medidas que se dispusieron, como allanamientos y detenciones, todavía hay personas que están prófugas, razón por la cual hasta tanto nosotros no podamos completar la investigación, no vamos a poder brindar más detalles”, señaló el juez Reback, quien reiteró para concluir que la Justicia evalúa más allanamientos.