Todo parece indicar que la actividad del fiscal Daniel Del Vö en torno al caso Roganti se centra en la extradición de Maximiliano Eve, detenido en España, y en escuchas telefónicas que todavía tiene para analizar.
Al menos así se desprende de la reunión que mantuvo ayer en su despacho con representantes de las más de 30 entidades que luchan por la verdad y la justicia, que concurrieron acompañados por Macarena Roganti, hija del dirigente social Alejandro Roganti, baleado el 14 de abril de este año en la puerta de su casa de barrio Rivadavia.
“El fiscal nos atendió y nos mostró nuevamente los casetes que contienen grabaciones de conversaciones telefónicas, al tiempo que refirió que la extradición de Eve es lenta porque la banda a la que se había sumado tiene causas abiertas en tres comunidades autónomas españolas”, dijeron los portavoces del grupo en diálogo con EL DIARIO.
“Nosotros esperamos el regreso de vacaciones del fiscal y aquí estamos, preguntando, para que se sepa que el interés de las entidades y de la sociedad sigue intacto, en torno a la necesidad de saber quién o quiénes son los que contrataron a Maximiliano y Sebastián Eve para matar a Roganti”, señalaron.
Luego de esa primera entrevista, los dirigentes cruzaron el pasillo del primer piso hasta la Fiscalía a cargo de Gustavo Atienza. En ese caso, esperaban conocer detalles de la puesta en marcha de los operativos de búsqueda con el utility scan (un rastreador de huesos bajo la tierra), que anunció en setiembre de 2007 y nuevamente en setiembre de 2008, en oportunidad de cumplirse el segundo y el tercer aniversario de la desaparición de la joven mujer.
“Atienza había dicho en la última oportunidad que habló del tema que faltaba dinero, porque era un sistema caro. Pero cuando nos recibieron en Córdoba los ministros de Gobierno y Justicia, Carlos Caserio y Luis Angulo, además del fiscal General Darío Vezzaro, se comunicaron con él delante nuestro y le garantizaron que contara con los fondos necesarios”, señalaron los integrantes de este colectivo.
Agregaron que el fiscal les mandó a decir “que no nos podía atender y que no tenía nada nuevo en el caso Mariela”.
Las entidades volverán a reunirse el lunes a las 20, esta vez en el Café Argentino, para ultimar detalles de organización de las actividades que tienen previsto realizar en plaza Centenario, con motivo de cumplirse 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 del regreso a la democracia en la Argentina.