El concejal del Partido Villamariense, Darío Capitani, presentó un proyecto de ordenanza que establece el “Portal de Transparencia Pública”, el que será una página web.
Con el mismo, el edil busca “transparentar la gestión pública municipal, en lo referido al manejo de los fondos de la comunidad” e involucrar a la ciudadanía en el control de sus representantes.
En la página de Internet, Capitani quiere que se publiquen los distintos gastos que el Gobierno municipal realiza siempre que el mismo sea superior al importe de cuatro Salarios Mínimo Vital y Móvil, incluyendo también aquellos que se ejecuten en concepto de honorarios profesionales.
También, que se divulguen los subsidios que el Ejecutivo otorgue a las personas de existencia física y jurídica, “para poder conocer la identificación tributaria del beneficiario y, además, el motivo por el cual se otorgan los mismos”. En el mismo sentido, “deberán ser públicos los subsidios destinados a la asistencia social para conocer los recursos destinados a tales fines y, de esta manera, permitir el control por parte de las entidades públicas municipales que para el caso concreto correspondan”, donde se publicará sólo el listado con los montos para despojar de la curiosidad pública la identidad del beneficiario.
Asimismo, se pretende que las declaraciones juradas de los funcionarios también sean publicadas, así como la Deuda Pública Municipal actualizada.
Capitani demandó en su iniciativa que la información sea actualizada trimestralmente.
“A diario tenemos noticias de actos que suponen corrupción y es tal la frecuencia con que estas noticias se suceden que es lícito que la ciudadanía crea que este flagelo es generalizado al interior de las instituciones de Gobierno”, señaló el legislador local.
“Lamentablemente, la carencia de información pública se encuentra agravada por el hecho de que la ciudadanía no está acostumbrada ni reconoce que esa información le pertenece y la puede utilizar para su beneficio. Tampoco es consciente del derecho que tiene a solicitarla y a que le sea brindada, por la misma carencia de ella. Esta actitud del Estado y de los ciudadanos se traduce en prácticas que se transfieren a diseños institucionales y normas que resultan en un obstáculo que impide a la ciudadanía solicitar información y, muchas veces, también crea las condiciones para que la administración no la brinde para ocultar actos que la puedan perjudicar”, argumentó el concejal en su proyecto de ordenanza.