“En la región se identifican una diversidad de factores de vulnerabilidad que componen escenarios favorables para la expansión de las redes de trata tales como: inequidad y violencia de género, la discriminación de grupos sociales determinados (pueblos originarios, afro descendientes, personas trans), la exclusión social, la pobreza, el impacto de los modelos de desarrollo existentes en la región, las barreras migratorias en los países de destino, la permeabilidad de los pasos de frontera en algunas zonas de la región y la existencia de población indocumentada”.
Esas son algunas de las conclusiones del Tercer Congreso Nacional y 1º del Mercosur contra la Trata y el Tráfico de Personas “Otra mirada... Todas las miradas”, que se desarrolló la semana pasada en Villa María con la presencia de representantes de organizaciones sociales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, organismos de gobiernos, sindicatos, congregaciones religiosas, partidos políticos, universidades, medios de comunicación y público interesado en la temática.
Las condiciones de vulnerabilidad indicadas al inicio de esta nota “impactan en la región con movimientos migratorios que siguen dos patrones, uno de carácter socio-económico que es el que provoca desplazamientos desde las regiones/países más empobrecidos hacia aquellas de mayor desarrollo económico y productivo; y otro de carácter geográfico que marca que estos desplazamientos son generalmente del norte hacia el sur, incluso en Brasil donde al desplazamiento hacia la zona sur del país en busca de mejores condiciones de vida, se suman aquellos que van desde el interior más profundo hacia las ciudades de las zonas costeras”, indicaron en el documento final los impulsores del evento desarrollado en la Sociedad Rural.
El Mercosur, según lo observado durante el Congreso, constituye una región predominantemente de origen y destino. La región abastece de mujeres hacia destinos como Europa, Estados Unidos y Asia. España es señalada como el principal país de destino de trata internacional de las víctimas provenientes de esta zona. Y se identifican circuitos de trata interna en cada uno de los países.
La captura por engaño se tornó en la principal forma de reclutamiento detectada en el bloque: ofertas de empleo en la industria del sexo, tareas de cuidado (niños, ancianos), servicio doméstico, camareras, bailarina, modelo, casting para promociones, desfiles, etcétera, difundidas por los medios de comunicación. Se denunció que las redes de trata a menudo se presentan como agencias de empleo o matrimonio.
Del encuentro en Villa María se concluyó que todos los países han ratificado los convenios internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1973); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979); la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños- Protocolo de Palermo (2000), y que a partir de estas decisiones han generado programas para luchar contra la trata de personas.
Sin embargo, sólo Argentina, Chile y Bolivia tienen una ley específica sobre el tema, aunque todos los miembros del bloque han modificado sus códigos penales para tipificar a la trata de personas como delito.
Y no se pusieron de acuerdo para combatir el drama, siguiendo cada uno diversos patrones.
@ La situación en las naciones limítrofes
• En Uruguay, es muy precoz el desarrollo de estrategias del Estado como de la sociedad civil para enfrentar los daños y las dimensiones que esta problemática trae en la vida de muchas niñas, niños y adolescentes.
Es, sobre todo, un país de origen. En relación al tránsito de mujeres para estos fines lo permeable de las fronteras y el escaso control con Brasil y con Argentina ubica a Uruguay como un canal de tráfico desde Argentina a Brasil, así como de éstos hacia Estados Unidos o Europa.
Uruguay no cuenta con un plan nacional en funcionamiento ni una ley integral para esta problemática. Además mantiene una estructura jurídica “reglamentarista” en relación al trabajo sexual de mujeres adultas.
• En Paraguay, desde hace unos años se instaló en las agendas la trata interna de niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas como problemática, pero sigue poco visibilizada e investigada. Hasta el momento la trata interna sigue subregistrada en el país debido a que no se encuentra penalizada como tal. Las víctimas de trata interna son generalmente adolescentes captadas en localidades del interior del país y trasladadas hacia los centros urbanos de la capital y de otras capitales departamentales. Por lo general, cuentan con el consentimiento verbal de los padres que creen que sus hijas viajan para el servicio doméstico. Las víctimas son explotadas en los burdeles y prostíbulos generalmente ubicados en zonas de frontera, centros urbanos y zonas sojeras y de mucho tránsito.
• En Chile, la trata es aún poco asumida, existiendo una serie de falencias para hacerle frente. Si bien se ha verificado su existencia, ésta es visibilizada en circuitos todavía limitados, de allí que aún no es concebida como un problema social significativo.
• Brasil es un país de destino para las víctimas de trata, tanto en América Latina y de otros continentes, como Nigeria (Africa), China y Corea (Asia), y Bolivia, Perú, Paraguay y Argentina en América del Sur.
Los principales destinos de las víctimas brasileñas son Europa (España, Holanda, Italia, Portugal, Suiza, Alemania), los Estados Unidos y América Latina (Paraguay, Surinam, Venezuela y la República Dominicana). Italia es especialmente destino y la ruta utilizada para el tráfico de individuos transexuales.
Se han detectado 241 rutas nacionales e internacionales de trata de niños, niñas y adolescentes y las mujeres con fines de explotación sexual; 110 están relacionados con el tráfico intermunicipal e interestatal; 131 con el tráfico internacional. Se han creado diversas estructuras para enfrentarla.