Durante el jueves y viernes, la docente y comunicadora social bonaerense Liliana Belforte dictó un taller de Comunicación Alternativa y Comunitaria en el Inescer.
En su visita a la ciudad, la integrante del centro de educación y formación La Crujía y miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) Filial Argentina dialogó con EL DIARIO acerca de los avances y retrocesos en la materia.
“La comunicación comunitaria se sirve de un proyecto político que apunta a la participación política de los ciudadanos y se diferencia de la lógica del medio masivo, de la producción mercantil y del pensamiento único que éstos tratan de imponer”, indicó.
Esta línea de acción, comentó Belforte, se puede encontrar tanto en publicaciones, como en productos radiales o piezas audiovisuales, como los diferentes documentales que han concretado los movimientos sociales en los últimos años.
¿Cómo se puede diseñar un medio de comunicación de estas características teniendo en cuenta el condicionamiento económico?
-La pregunta del millón en esta materia es la sustentabilidad de dichos medios. Hay quienes creen que el único camino es el asistencialismo por parte de un Estado benefactor, mientras que otros se orientan hacia una articulación dinámica entre Estado y particulares. Sucede que, por ejemplo, las condiciones de la mayor parte de las radios comunitarias son muy precarias. Aunque hay algo que se deberá debatir en breve respecto a un ítem con que cuenta la nueva Ley de Medios, específicamente el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre los fondos concursables. Se supone que serían para sostener proyectos en zonas vulnerables, pero habría que tener en cuenta cómo se va a distribuir y de qué manera.
En alusión a la nueva Ley, ¿ves un escenario potable a corto o mediano plazo para el sector no lucrativo?
-Nosotros hemos militado la sanción de la Ley, pero creemos que es un piso de derechos, un ordenamiento que garantiza la reserva del 33% del espectro a los “sin fines de lucro”. Aunque allí entra una amplia gama, en la cual están las radios comunitarias. Incluso, dentro de ellas hay variantes: está la radio urbana, las FM de los movimientos que tienen los pueblos campesinos y de los pueblos originarios, las radios de baja potencia de Traslasierra. Por ello, decimos que ahora con la Ley tenemos muchos derechos, pero también muchas obligaciones con el Estado que ya son propias a las organizaciones. Este será un proceso de transición y el proceso va a ser muy largo. Vale decir también que la Ley ha tenido muchas barreras. Durante un año estuvo suspendida, recién a fines del año pasado se desestructuró el Comfer (el ex Comité Federal de Radiodifusión que se convirtió en AFSCA). Recién este año se va a conformar la Comisión Bicameral porque la oposición no daba su representación, sin contar con las distintas postergaciones por apelaciones del término de adecuación para los medios concentrados (especialmente el Grupo Clarín).
¿Y cuáles creés que serían las alternativas viables?
-Creo que la única forma es asociarse, pensar en redes o en un vínculos entre organizaciones, porque solos será muy difícil sostener un medio. Así también, en grupo, se pueden exigir políticas públicas de sostenimiento. En cuanto al acceso real, pensando en esa frase “acceso para todos y todas”, digo que es falaz. Porque ni siquiera ahora se podría lograr eso con los nuevos actores que ingresen. Hay zonas de nuestro país en las que es imposible garantizar el 33% porque se deberían apagar todas las radios y empezar de cero. Sólo sería posible si se implementara un proceso de digitalización en radio como se está haciendo en televisión.