El Gobierno de Villa Nueva salió a aclarar que la Justicia de Villa María aún no tomó ninguna resolución sobre el conflicto con el boliche “Aruba”, sino que determinó que la disco podía funcionar mientras se sustancia el proceso. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Natalio Graglia.
Precisamente esa es la información que brindó EL DIARIO en dos ediciones, en base tanto a declaraciones del citado funcionario como del abogado que representa los intereses de la confitería, Marcelo Martín Silvano.
Sin embargo, el jueves a la noche algunos de los vecinos que concurrieron al Concejo Deliberante aseguraron que la Justicia le dio la razón a “Aruba” y responsabilizaron por el traspié judicial a la asesora letrada del municipio.
Más allá de esta circunstancia, surgieron diversas aristas del caso:
• El ex concejal Mauro Bizzarri dijo a este matutino, ayer, que “Aruba” vino funcionando durante los últimos años por presentar los requisitos que plantea la ordenanza de espectáculos públicos. Esencialmente, la que exige que el 75% de los vecinos que viven en un radio de 150 metros desde la puerta del local brinden el aval para su actividad. “Recuerdo haber tenido siempre en mis manos expedientes engorrosos, los analizábamos y realmente siempre estuvieron las firmas de los habitantes exigidas por la norma”, recalcó.
• Las fuentes del Ejecutivo y Legislativo consultadas por este diario aseguraron que las ordenanzas por las que se cedieron predios a organizaciones no prohibían que éstas alquilen, por su parte, el terreno a alguna otra.
La cuestión es trascendental porque los vecinos que fueron al Deliberante hicieron hincapié en que “Aruba” está asentada en un predio que el municipio le cedió a la mutual de policías para que ésta realizara un predio para los trabajadores de la fuerza.
Aparecería aquí un hueco legal.
Las fuentes recordaron que otros tampoco cumplieron: la UEPC, por ejemplo, le alquiló hasta hace poco el terreno situado al costado del Parque Yrigoyen a los propietarios de “Deep”.
• Ex ediles consultados por este medio prefirieron no salir a polemizar pero defendieron al Gobierno de Marcelo Frossasco, que había sido cuestionado durante la audiencia del jueves. ¿Argumentos? Que la cesión de terrenos se dio en los años 80, previo a su mandato y que las normas de entonces no prohibían el subalquiler. También, que fue Frossasco quien impulsó el requisito del visto bueno de los vecinos para la rehabilitación anual de los boliches. Así, por ejemplo, debió cerrar sus puertas “Delectro”, “EoTchan” y otro local que funcionaba en el Prado Español, precisamente por no contar con adhesión barrial.