El ex ministro de Agricultura de la provincia durante el segundo mandato de Eduardo Angeloz se abstuvo ayer de declarar, al ser indagado por la Justicia Federal de Villa María, en el marco de la causa que se le sigue junto a otras 14 personas (dos de las cuales se encuentran prófugas) por presunta “asociación ilícita fiscal” en una millonaria comercialización de cereales.
Tras la indagatoria, Luis Fernando Farías (71) fue nuevamente trasladado a la Delegación local de la Policía Federal, donde permanecerá alojado hasta tanto el juez interviniente resuelva su situación procesal.
Al respecto, cabe señalar que las actuaciones judiciales quedaron en manos del abogado villamariense Raúl Camandone, en su calidad de conjuez del Juzgado Federal, quien asumió el lunes pasado en remplazo del magistrado titular, Roque Ramón Rebak, de licencia por compensación de Feria.
En los próximos días, Camandone deberá resolver si concede o no una solicitud de prisión domiciliaria planteada por los codefensores de Farías, Luis y Lisandro Caronni (padre e hijo), quienes hicieron el pedido en razón del “delicado estado de salud” de su cliente.
Consultado por EL DIARIO, Caronni (p) aseguró que quien fuera funcionario angelocista entre 1987 y 1991 “padece asma, colon irritable, gastritis crónica, arritmia e hipertensión arterial”, entre otras enfermedades propias de su avanzada edad, por lo que solicitaron que esté alojado “en un lugar adecuado”.
“Pedimos la prisión domiciliaria por los problemas de salud que tiene, pero mientras tanto que se lo aloje en un lugar adecuado”, señaló el letrado villamariense, quien -junto a su hijo- asumió la Defensa el pasado fin de semana, luego de que Farías desistiera de los servicios de quienes hasta entonces lo estaban patrocinando, el abogado cordobés Miguel Ortiz Pellegrini y su colega villamariense José Luis Bertoldi.
Farías está radicado en la pequeña localidad de San Agustín, Departamento Calamuchita, de la cual fue intendente entre 1973 y 1981. Posteriormente se desempeñó como diputado provincial por la UCR, entre 1983 y 1987.
La indagatoria desarrollada en la sede del Juzgado Federal, sita en 9 de Julio 43, en pleno centro de la ciudad, se concretó entre las 8 y la 9.10, oportunidad en la que se el intimó a Farías el hecho que se le atribuye y, tras abstenerse de declarar, compareció sobre condiciones personales.
De la medida procesal tomaron parte el conjuez Camandone, el fiscal Federal Carlos Facundo Trotta, el secretario Santiago Caeiro, el prosecretario Facundo Saadi y los dos abogados defensores.
Indagatorias
Además de Farías, también fueron indagadas ayer las otras 12 personas que están detenidas en relación con esta causa, por lo que la actividad judicial se extendió hasta minutos después de las 15.
El segundo en comparecer ante el conjuez fue Daniel Luján, ex socio de Farías en la firma acopiadora de cereales ubicada en el ingreso a San Agustín y que ahora lleva el nombre de Cercal SRL.
Luján también es patrocinado por los abogados Caronni y, al igual que el ex ministro de Angeloz, se abstuvo de declarar.
Posteriormente, Camandone indagó a los otros imputados que tiene la causa, entre los que se encuentran el empresario riotercerense Fernando Luis Cuello, su esposa Natalia Paulus, el contador Rubén Ceva (también de Río Tercero), los empresarios cerealeros Sergio Guevara y Jorge Ferrer y el sargento Daniel Pelayes, quien reviste en la Unidad Departamental Tercero Arriba.
Según trascendido, el único que declaró fue el contador Ceva, quien es defendido por el abogado cordobés José Buteler, el mismo que patrocinó a Angeloz en setiembre de 1998 cuando el ex gobernador fue juzgado por “enriquecimiento ilícito”, aunque previamente se hizo muy conocido por haber intervenido en el “caso María Soledad Morales”, en Catamarca.
Las operaciones
La totalidad de las maniobras ilegales presuntamente cometidas alcanzaría la suma de 1.700 millones de pesos, de los cuales se habrían detectado operaciones marginales que ascenderían a unos 1.000 millones, arrojando una supuesta evasión impositiva de alrededor de 170 millones de pesos.
Las acciones de los supuestos evasores se centraban en “blanquear” dinero proveniente de la comercialización de cereales en negro y el “lavado” se realizaba mediante la adquisición de inmuebles.
De los operativos realizados en las localidades de Río Tercero, San Agustín y Despeñaderos participaron efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la AFIP.
El marco legal
Los detenidos están sospechados como presuntos coautores de “asociación ilícita fiscal”, un delito que, legislado por el artículo 15, inciso C, de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769, es reprimido con hasta 10 años de prisión.
Dicha norma legal establece que “el que a sabiendas (…) formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas, que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente Ley, será reprimido con prisión de tres años y seis meses a 10 años”.
El referido artículo aclara también que “si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a cinco años de prisión”.