Una de los objetivos que el secretario general del Colegio de Martilleros de Villa María, Miguel Angel Daghero, se había propuesto hace un año atrás, al conmemorarse el Día Nacional del Martillero, fue el de fortalecer la matrícula.
Este año, en un diálogo mantenido con EL DIARIO por la misma celebración, confirmó que desde la sede local se sigue trabajando sobre ese fin, que él considera uno de los pilares para combatir la ilegalidad.
De la charla también fue parte el delegado de Villa María en el Directorio del Colegio de Martilleros de Córdoba, Adrián Flucia, a quien Daghero presentó como “la voz de los 280 matriculados de Villa María ante el Directorio, para expresar los problemas e inquietudes que se plantean en la Comisión Directiva local”.
“La matrícula es una posibilidad que le da el Colegio a todo martillero para que ejerza su profesión dentro de la ley, es decir que aquí todo matriculado paga su cuota mensual y su fianza, si comete un error en su trabajo profesional, el Colegio responde por el daño porque hay un seguro que el martillero pone como garantía, sea una propiedad, un auto o un seguro de caución”, explica Daghero.
“En definitiva, el martillero que hace una mala praxis, no va a perjudicar a un tercero porque esta persona cobrará sus dividendos. Por ejemplo, si en un remate el martillero no le paga como corresponde, el Colegio le ejecutará la fianza para pagarle a la persona”, agrega.
“El Colegio está fortaleciendo la matrícula porque el problema que tenemos es que hay muchos ilegales y como dentro de la sociedad siempre hay gente dispuesta a pagar un peso menos, accede a ellos porque nosotros tenemos aranceles inamovibles”, señala.
“Hay subastas de carreras de perros y de caballos que las hacen personas que tienen cierto conocimiento, pero no están matriculadas y cobran menos. El Colegio está actuando contra esa ilegalidad en los remates de animales”, dice Flucia por su parte.
“También hay remates públicos hechos por gente con conocimiento y sin matrícula”, precisa, y añade que “se está haciendo un control del ejercicio de la profesión en ese tipo de remates”.
“En estos casos, el Colegio lo combate interviniéndolo, envía a dos profesionales al lugar donde se realiza, se busca a un escribano que labre un acta o a la Policía para que no se ejecute el acto. Luego se controla que no continúe y se presenta la denuncia en la Fiscalía”, indica.
Flucia considera que en el caso del martillero judicial, su actividad está más controlada, ya que se presenta anualmente una lista de inscriptos en cada Colegio, que va al Tribunal Superior de la provincia de Córdoba.
Esa lista de martilleros judiciales habilitados se utiliza en los concursos, quiebras y enajenaciones para designar, a través de sorteos supervisados, a los profesionales que tomarán a su cargo el juicio.
“Nosotros tenemos la Ley 7.191 que nos rige, y que exige que se debe pagar una matrícula otorgada por el Colegio para ejercer la profesión”, afirma Daghero.
“Los matriculados siempre vienen con planteos o inquietudes, una de las mayores necesidades a resolver es combatir a los ilegales. Los ilegales son un flagelo que tienen los matriculados y no es fácil combatirlos”, agrega el secretario general.
“La mayor ilegalidad se da en el sector inmobiliario y en menor medida en el de hacienda”, remarca Flucia, quien recuerda que no es así en el caso de los martilleros judiciales, porque actúa por orden de un juez.

Obra social, con avances

“La obra social está en marcha, nos cuesta efectivizarla ya que estamos trabajando desde nuestra delegación para todos los matriculados de la provincia”, indicó Daghero, para echar luz sobre otra cuestión que mencionó como objetivo el año pasado.
Tras precisar que actualmente cada martillero contrata una obra social o prepaga por su propia cuenta, aclaró que “ha habido avances en este tema, son lentos, pero están”.
“Avanzamos en analizar cómo vamos a insertarnos en una obra social, no es fácil acordar qué obra social nos toma y en qué condiciones va a hacerlo”, explicó.
“No estamos tratando de crear una nueva obra social exclusiva para los martilleros, sino que estamos negociando con distintas obras sociales para aportarles los afiliados. Estamos viendo quién nos absorbe y cómo podemos insertarnos dentro del servicio de salud aportando una cuota”, completó Daghero.
La ley de
emergencia y sus consecuencias

A la hora de hacer un análisis del momento que está pasando el sector, Flucia advierte que hay que separarlo en función a la actividad del martillero, si es judicial, inmobiliario o de hacienda.
De la carrera se egresa como martillero público y corredor inmobiliario.
“De acuerdo a la situación económica del país se ejerce como martillero o como corredor. En estos diez últimos años, con el boom inmobiliario hay muchos martilleros que se dedicaron al corretaje”, recuerda Flucia.
“En cambio, en 2000 ó 2001 tuvieron mucho más trabajo los martilleros judiciales porque se remataba todo. Esto fue así hasta la Presidencia de Eduardo Duhalde, que decretó la ley de emergencia, acordando con los bancos para suspender las ejecuciones hipotecarias y prendarias”, agrega, a la vez que aclara que “hasta ahora, la ley de emergencia sigue en vigencia porque se fue prorrogando, aunque el país está mejor.
El delegado villamariense admite que hoy “el martillero judicial no está pasando por un buen momento por la ley de emergencia, por lo tanto hay cada vez menos trabajo”.
“Hoy hay menos juicios, la tendencia es arreglar para evitarlos, y el remate quedó para la última instancia. Las perspectivas para el futuro, si se continúa con la ley de emergencia, son de cada vez menos trabajo, por lo tanto, hoy los martilleros se están volcando al corretaje inmobiliario”, asegura Flucia.
En cuanto a los remates públicos, que antes eran muy comunes, dice que hoy quedó prácticamente un solo martillero público porque es una actividad que demanda mucho gasto y está suplida actualmente por la judicial.

Los mismos
problemas del país

Cuando Daghero, que es martillero de hacienda, relata su experiencia, sostiene que esa actividad “está sufriendo los mismos problemas que sufre el país”.
“En nuestra zona se trasladó la hacienda, sobre todo hacia el noroeste, por políticas equivocadas del Gobierno central. Hace pocos años atrás no era negocio criar un ternero y ahora vale 1.500 pesos, entonces hubo una política equivocada hacia la producción ganadera”, considera el secretario general.
“El precio de la carne no se eleva por los ganaderos, sino por las cadenas que llegan hasta el consumo, como frigoríficos y abastecedores. Hubo una desorientación económica con respecto al negocio ganadero y ahora estamos pagando las consecuencias, mucha gente salió de la ganadería y el stock bajó”, añade.
“Al haber menos cabezas hay menos consignatarios y menos martilleros que trabajan”, asegura.
“Creo que la recomposición es de orden político, si hay una política consensuada entre Gobierno, industria y campo se llegará a buen término, porque el que pierde siempre es el primer eslabón de la cadena, que es el productor”, considera Daghero.
Entre las medidas que él piensa que se necesitan implementar para recomponer la situación, figura la recomposición del stock ganadero con incentivos, como desgravaciones impositivas.

Burocracia y otras complicaciones

Entre las situaciones concretas que se viven a diario que y que faltan resolver en el ámbito de la actividad, Daghero y Flucia mencionan el “aceitar los mecanismos de acceso a los trámites y que no se les haga engorrosa la tarea”.
“Al martillero, algunos organismos lo toman como si fuera un agente de retención y de cumplimiento en el pago de distintos aranceles y hay inconvenientes con respecto a cierta documentación de estos organismos, sean bancos o entidades oficiales provinciales y nacionales”, detalla Flucia.
“El nudo se produce en la parte burocrática que se sufre, por ejemplo, en el Boletín Oficial en el que deben publicarse los remates, no reciben por fax y hay que viajar hasta Córdoba para llevarlo. Ahora también hay que pagar allá y ya no con cheque propio, como se hacía antes”, enumera.
“Otro gran inconveniente son los depósitos que superan los 30 mil pesos, porque es una plata que debe rendir el martillero de la persona que vendió un bien, y ahora, por disposición del Banco Central se dispuso que por esos montos se debe abrir una cuenta y después justificar de dónde salió esa plata”, explica Flucia.
“Cada vez se complica más la función del martillero”, se quejó Flucia, y además aseguró que los aranceles que se pagan, se incrementaron notablemente.
“Todos estos inconvenientes han provocado que la gente que antes iba a comprar en una subasta, ya no va”, concluye.

Talleres

La función de Flucia no se limita a transmitir todos los inconvenientes, problemas y planteamientos de los colegiados en Villa María para obtener una respuesta, solución o beneficios en Córdoba, sino que también gestiona para lograr cursos o capacitaciones en nuestra ciudad, obtener mantenimiento de la sede o representatividad ante las distintas entidades.
Entre los talleres que se llevaron a cabo pueden mencionarse el del Registro de la Propiedad Automotor, de Administración de propiedades horizontales, de Registro de la Propiedad Inmueble y de Fideicomiso.
Daghero explicó que son talleres con un mínimo costo que se desarrollan durante una jornada
El Directorio del Colegio de Martilleros está formado por la sede central de Córdoba y las nueve delegaciones de la provincia
Villa María nuclea las localidades en las que tiene jurisdicción el Tribunal de Justicia, abarca el radio hasta Oliva, Morrison, Las Varillas y Hernando.

Fotografías: Adrián Flucia - Miguel Angel Daghero