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| Al comienzo de la obra se detectaron falencias en el suelo |
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El Tribunal de Cuentas por mayoría resolvió observar y rechazar una orden de pago emitida a favor del Instituto Municipal de Inversión por el valor de 371.910 pesos.
Con el voto de José Naselli y Francisco Maristany la orden fue observada, por mayoría, por considerar que existe una “ incongruencia entre el tenor de la orden y el soporte legal existente.”
El mencionado pago está afectado al “Saneamiento profundo de la obra de las 250 Viviendas”.
Los dos controladores provenientes del Partido Villamariense y la UCR se preguntaron, en primer lugar, por qué el municipio destinaba fondos para la construcción de las casas financiadas con fondos del Gobierno nacional.
En ese punto comenzaron las dudas y los interrogantes que derivaron en una modificación del primer decreto del Ejecutivo que no terminó de convencer a los dos funcionarios y sí tuvo el visto bueno del presidente del Tribunal Carlos De Falco.
En síntesis, lo que preocupa a los tribunos es que el gasto que debe afrontar el municipio se habría generado en “impericias técnicas”.
Por lo bajo, los tribunos señalaron que el Ejecutivo demoró casi un mes en dictar un nuevo decreto explicando que el dinero debía ser puesto por el municipio, porque los trabajos no eran propios de la obra en sí, si no que el terreno, en alguna parte, había sido excavado y hubo que rellenarlo para construir las plateas.
En tanto, De Falco incluye en la resolución su visión sobre el tema expresando que “comenzada la obra, se detectaron falencias en el suelo que podrían perjudicar la estabilidad y fortaleza de las edificaciones, razón por la cual se aconsejó y se dispuso (resulta obvio el fundamento) el saneo profundo del sector.
“El aporte económico de la Nación no comprende los trabajos a realizar, ya que éste cubre la construcción en sí y el terreno corre por cuenta del municipio que debe entregarlo en condiciones, más aún que son los propios adjudicatarios los que abonan el mismo, en cuotas.
Por todo ello el IMI consideró que se debe dar una efectiva solución para que pueda continuar la obra, es así que se convocó a concurso de precios, del que participaron tres empresas oferentes, resultando adjudicada, en razón de su oferta más conveniente, la propia constructora de las viviendas”, precisó la fundamentación del único tribuno que votó a favor del pago.
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