Los puntos principales de la ley provincial de Agroquímicos y otros temas fueron los que se trataron ayer en la capacitación organizada por la delegación Villa María del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia. El encuentro, desarrollado en Sociedad Rural, contó con representantes del Colegio: Raúl Montalvo (vicepresidente), Matías Aparicio (coordinador de la Comisión Fitosanitaria) y Carlos Arrigoni (asesor legal).
“Esta capacitación surgió por una demanda los ingenieros y asesores fitosanitarios de la región, que están preocupados y con cierta incertidumbre, después de los juicios de Ituzaingó Anexo (condenado un aeroaplicador y un productor)”, contó Montalvo, que también dijo que se realizó el primer encuentro -de este tipo- en Justiniano Posse, donde asistieron 67 personas, y están previstas doce charlas más hasta fin de año en distintos puntos de la provincia.
“Los temas fundamentales que trabajamos fueron la responsabilidad legal del asesor fitosanitario y la figura que prevé la Ley provincial de Agroquímicos y su decreto reglamentario. Además, vimos la problemática que se generó con el caso Ituzaingó Anexo. Y, fundamentalmente tratamos de delimitar las jurisdicciones municipal-provincial en materia de regulación de agroquímicos”, explicó Arrigoni.
Respecto a la ley, el letrado consideró que es un buen instrumento, de avanzada a nivel nacional y que es tomado como modelo por otras provincias. “No hace mucho que rige, porque fue reglamentada en el año 2005, y a medida que fue desarrollando esa aplicación fue presentando algunas situaciones oscuras o no contempladas a través de decretos reglamentarios y sucesivas resoluciones deberán irse supliéndose”, remarcó.
En relación a algunas medidas que deben tomar los asesores fitosanitarios, Aparicio enumeró las siguientes: en las aplicaciones cerca de los centros poblados, hay que dar aviso al municipio o a las autoridades correspondientes (48 horas antes de la aplicación), se debe trabajar con máquinas habilitadas; respetar las restricciones de los productos, tener en cuenta las condiciones ambientales y los envases hay que destinarlos a los Centros de Acopio Primarios (CAPs), también tener en cuenta la habilitación de máquinas pulverizadoras terrestres (solamente lo pueden hacer asesores fitosanitarios, matriculados y con el protocolo del Colegio); y la habilitación de los depósitos ( por los asesores fitosanitarios y los municipios). “Todos podemos denunciar ante los organismos de aplicación, ante la policía y hay obligaciones con el Ministerio (de Agricultura, Ganadería y Alimentos de Córdoba)”, resaltó Aparicio.