A raíz de una denuncia presentada en la Auditoría de la ciudad por un grupo de choferes de taxis nucleados en el Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba, delegación Villa María (Sipetaco), el titular de la dependencia, Luis Rey, instó en primer término a conciliar a las partes.
La denuncia se centra en la discriminación que supuestamente sufren los choferes que realizan reclamos laborales, quienes serían incluidos en “una lista negra”, negándoseles toda posibilidad de trabajar en el sistema.
A raíz de la gravedad de la acusación, Rey citó a las partes a una audiencia de conciliación, a la que sólo asistieron los representantes de los choferes.
Frente a este hecho, Rey elaboró una resolución (la número 65) a la que tuvo acceso este diario, en el que da cuenta de la dificultad de los choferes para cambiar de permisionario, cuando uno de ellos se niega a entregarle el formulario de baja para que el siguiente empleador le elabore el alta.
Tras el análisis de los datos, Rey consideró que si bien no cuenta con elementos suficientes para probar la discriminación laboral, entiende que el hecho de que sea facultad exclusiva de los permisionarios o empresas el otorgamiento de las altas y bajas, “les otorga un poder discrecional, colocando a los choferes en una virtual situación de desamparo y cautivos del sistema, imposibilitándolos de poder cambiar de empleados e ingresar como choferes en otra empresa”.
Tras el análisis del caso y el estudio del marco legal que rige en la ciudad para el servicio de taxis, el auditor resolvió recomendar al Ejecutivo para que “arbitre los medios para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente, obligando a los permisionarios o empresas coordinadoras de viajes a extender los certificados de altas y bajas cuando así les sean requeridas por sus choferes”.
También sugirió prever un sistema alternativo para afrontar la negativa injustificada de los permisionarios para entregar dichas constancias. Agrega que sería positivo establecer sanciones para estos casos de incumplimiento.
En el cuarto punto de la resolución, aborda la denuncia de supuestos actos discriminatorios, indicando que el tema excede a la Auditoría por lo que recomienda a los denunciantes dirigirse a los organismos específicos.