El gobernador de Chaco, quien es también miembro del directorio del AFSCA, en virtud de los intentos del Grupo Clarín de dilatar la aplicación de la Ley de Medios, fue contundente al declarar que “acá no hay marcha atrás”. La “corpo” judicial y opositora, la desinversión y la conservación de las fuentes de trabajo fueron ejes de esta entrevista con uno de los políticos más atacados por el monopolio.
Capitanich habló acerca de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) y el 7 de diciembre como fecha tope establecida por la Corte Suprema de Justicia para la implementación del artículo 161.
-El 7D o Día D, ¿es una bisagra en la plena implementación de la Ley?
-Es necesario contextualizar. Tras la sanción por amplia mayoría en el Congreso, su reglamentación y su puesta en vigencia, naturalmente la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) debe cumplir con los objetivos y las metas en los plazos estipulados. Y esto quiere decir que debe aplicarse en consonancia el artículo 45 y el 161, y este último tiene que ver con el plan de desinversión.
Hay 25 grupos mediáticos que vulneran lo establecido por el artículo 161 y que deben generar un plan de encuadramiento correspondiente y presentarlo ante la entidad regulatoria que es el AFSCA.
Ahora bien, esta entidad ha sido sistemáticamente soslayada por parte de la oposición y el Grupo Clarín; en primer lugar, porque no han designado sus representantes por la segunda y tercera minoría, y en segundo lugar, porque han desconocido resoluciones del organismo asociadas, por ejemplo, a la grilla de canales. Y en este sentido, el Grupo Clarín, que tan democráticamente brega por la libertad de expresión, cercena el derecho a que los ciudadanos de Resistencia puedan ver la señal de C5N o CN23, además de no respetar la grilla correspondiente. Una grilla que no omite señales, sino que las ordena, como corresponde a todo organismo regulador.
-Pero esta actitud no debería sorprenderlo. ¿O sí?
-Claro que no. Clarín ha generado, a través de su incidencia e influencia en la corporación judicial, una serie de medidas vergonzosas y vergonzantes por parte de algunos diputados de la oposición, que son empleados del Grupo, como así también de otros voceros calificados, que también son empleados del multimedio.
A nadie escapa que esos empleados de Clarín, como el juez Raúl Tettamanti, del mismo modo que Recondo o Moner San, son funcionales a Clarín. Por tanto, todas las medidas de carácter judicial presentadas para demorar la plena implementación de la Ley lo hacen invocando cuestiones inverosímiles. Por ejemplo, ellos dicen que no se pueden vulnerar derechos adquiridos por la prórroga de licencia y la verdad es que toda entidad regulatoria, cuando existe concentración mediática e incluso se vulneran los principios de la Ley 22.285 (antigua Ley de Radiodifusión), debe actuar.
Entonces, no existe ningún tipo de razón para que a través de artilugios legales se impida la aplicación de esta normativa. Por lo tanto, todos los medios de la República Argentina deben reconocer a la autoridad de aplicación y no resistir la Ley.
La maniobra del grupo con el juez Tettamanti fue artera. Un juez jubilado, designado no a través de un proceso exhaustivo, sino a dedo, digitado entre dos miembros en una misma sala y por tanto no se cumplió con ningún requisito de transparencia. Además, es un juez subrogante. Se hizo esto con el objetivo de promover una medida cautelar o declarar la inconstitucionalidad del artículo 161 y así frenar o dilatar el cumplimiento pleno de la Ley.
-¿El 7D será finalmente el Día D o esperan alguna sorpresa del monopolio?
-En función del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 7 de diciembre es el Día D. Y el Día D significa que todos los grupos de medios que tienen un mayor número de licencias que las establecidas por la Ley deben presentar su plan de encuadramiento y ese encuadramiento quiere decir desinversión. Y este plan no es más ni menos que un programa de cómo van a vender y nosotros tenemos que aprobarlo, para que a partir del 7 de diciembre se ejecute dicho plan.
Sin sorpresas, acá no hay vuelta atrás, por una sencilla razón. En la República Argentina, si no respetamos al Poder Judicial, al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo, estamos evidentemente distorsionando el sistema republicano. Entonces, algo que ellos dicen defender, como la calidad institucionalidad del país, la están vulnerando no respetando la Ley, no respetando a los tres poderes del Estado.
-No sería la primera vez…
-Y sí. Lo hicieron siempre. La construcción de su modelo ha sido sistemática a través del tiempo. Se aliaron con la dictadura militar más genocida de la historia a través de Videla con el objetivo de apropiarse de Papel Prensa, con una misión muy objetiva: el abastecimiento monopólico de este insumo estratégico, excluyendo a la competencia y abasteciéndose de papel a precios menores para así lograr una mayor rentabilidad para reinvertir y sumar una mayor proporción del mercado. Esto, con el fin de ejecutar mecanismos de extorsión a los gobiernos de turno. ¿Y para qué la extorsión a los gobiernos? Para presionar y quedarse, por ejemplo, con la señal de Canal 13 o la licencia de Cablevisión, para quedarse con todo. Estuvieron a punto de quedarse con Telecom y a punto de quedarse con la televisión digital, cosa a la que este Gobierno se opuso.
Si hay una medida extraordinaria que ha generado este Gobierno fue la Ley 26.522, que nadie se animó a debatirla desde la vuelta a la democracia porque naturalmente no existía la voluntad ni el consenso necesario para hacerlo. Y la verdad es que el Congreso de la Nación ha sancionado por mayoría consensuada esta Ley y esto significa que no es una ley del kirchnerismo, sino que excede al kirchnerismo y es de todos los argentinos.
-¿Cómo quedará tras el 7D la cuestión del empleo?
-Todo lo que se aplique para la implementación de la Ley es en defensa de las fuentes de trabajo. No va a haber desempleados por la aplicación de la Ley. Al contrario, el espíritu de la Ley tiene que ver con la continuidad de los medios y la continuidad laboral de sus trabajadores. Es decir, no se reduce el espectro, no se reduce la pluralidad de voces, ni tampoco las fuentes de trabajo. Lo que se reduce es la situación y el ejercicio monopólico de grupos que se concentran. Por ejemplo, Cablevisión estaría hablando de 8.860 empleos aproximadamente, lo que significa en el ranking de generadores de empleo del país el puesto número 71. Entonces, si efectivamente se aplica el artículo de la desinversión y el Grupo Clarín de 240 licencias debe quedarse con solo 24, el resto debe distribuirse equitativamente para no generar desempleo.
-Una vez que se generen los espacios, ¿habrá voluntad de la sociedad en ocupar esos espacios?
-Respecto de los cupos y la pluralidad de voces, sumado al compromiso de la sociedad en ocupar esos espacios, creo que es algo que se va a ir ordenando en el tiempo. Nosotros tenemos la facultad de emitir licencias para entidades con fines de lucro y sin fines de lucro. Para las con fines de lucro hubo una dilación en el tiempo de instrumentación y para con las sin fines de lucro se está en un proceso de reformulación y algunas jurisdicciones ya han otorgado licencias y otras no. Pero en definitiva, de lo que se trata es de la regularización del espectro y del uso de licencias y de la regulación de la oferta de inversión en el sistema de medios a partir de la desinversión, porque el tema central tiene que ver con un núcleo de 25 grupos que deben desinvertir.
Fuente: el DIARIO de la Región (Resistencia - Chaco)