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Ignacio Tagni rechazó el pago, pero los otros miembros del Tribunal de Cuentas, que son oficialistas (Alicia Gorno y Francisco Bordini) dieron el aval al Ejecutivo |
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Por tercera vez, el presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa Nueva, Ignacio Tagni, rechazó una nueva orden de pago a beneficio de la Fundación de la Universidad Nacional de Villa María, en el marco del plan que lleva adelante la casa de altos estudios con el municipio villanovense y por el cual, entre otras acciones, se cobran deudas de los contribuyentes.
Y lo hizo por los mismos motivos por los que objetó los dos anteriores, es decir, por considerar que la ordenanza que habilitó aquel acuerdo con la UNVM no respetó los pasos legales. Además, el funcionario perteneciente a las filas de la Unión Cívica Radical volvió a reclamar los balances correspondientes.
En diálogo con EL DIARIO en la sede municipal, dijo que sólo tiene los primeros balances, que les llegaron a sus manos fuera de tiempo y que espera los siguientes.
Este nuevo desaire que sufre el Ejecutivo por parte del titular del órgano de contralor se da en el contexto de una ausencia oficial de información concreta sobre los efectos que ha tenido este convenio para las arcas comunales. Nunca el DEM dio a conocer los números de recaudación ni ninguna otra cifra relativa al contrato que buscó darle aire a las cuentas públicas de un municipio en crisis.
Sin embargo, el intendente Guillermo Cavagnero aseguró recientemente que gracias a este programa universitario (el Profam, programa de fortalecimiento municipal) se puede pagar los sueldos de los trabajadores con fondos genuinos y sin depender de dinero de la Nación, algo muy trascendente para el Gobierno.
Menos plata
Tagni decidió rechazar la orden de pago (número 2532/2012) por una suma de 184.360,93 pesos al advertir que aquel convenio que se firmó “no ha previsto lo que dispone el artículo 57, inciso 1” de la Carta Orgánica Municipal, el que “establece que se deberá realizar doble lectura cuando se privaticen obras, servicios y funciones de la Municipalidad”.
El tribuno añadió que se faltó al cumplimiento de la ordenanza 88/92 sobre el Régimen de Contrataciones y sus modificaciones, porque no se tuvo en cuenta “que los montos superan lo que establece la ley para realizar una contratación directa”, como se hizo en este caso. “Lo lógico sería haber llamado a licitación”, resaltó.
Pero, además, lo que el funcionario remarcó es que “no contamos con los balances correspondientes de cada mes para llevar un control correcto de los mismos”.
En su diálogo con este matutino, agregó que “el convenio establece que la comparación de cálculo se realizara de período a período, entendiendo que esto comprende aspectos positivos y negativos”, pero “sólo están teniendo en cuenta los aspectos positivos, lo que se torna más favorable aun para la fundación”, advirtió.
Cabe consignar que de las órdenes de pago que llegan al tribunal se exhibe que ha caído el dinero que ingresa al municipio a raíz del acuerdo. El 25 de junio la orden fue por 742.533,66 pesos. Luego, la del 25 de julio fue por 217.836 pesos. Y finalmente la del 1 de octubre estipula 184.360, 93 pesos, lo que lleva un total de 1.144.730,59 pesos.
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