El Centro Vecinal de barrio La Floresta, haciéndose eco de numerosos vecinos, le solicitó al Concejo Deliberante, a través de una nota, “una audiencia urgente” por el tema “Aruba”, el boliche que está ubicado en la costanera villanovense en inmediaciones del puente Isidro Fernández Núñez.
Lo que los frentistas quieren saber es qué resolvió el Poder Legislativo sobre los planteos que hizo el vecindario en la audiencia celebrada el pasado 11 de setiembre en la que pidieron el cierre de la polémica disco y en el que expresaron los sinsabores que padecen por la misma.
Además, los habitantes del sector apuntaron, ahora en una nota remitida al cuerpo parlamentario, que una ordenanza del año 1989 indica que el Deliberante otorgó a la mutual de policías el lote donde hoy funciona la confitería bailable para fines deportivos, recreativos o culturales “sin fines de lucro”.
Y añadieron que tal norma se incumple desde el 22 de diciembre de 2005.
El grupo de vecinos demandó, entonces, el respeto por esa legislación y agregaron que el centro vecinal ha pedido, el 1 de octubre de este año, una audiencia al intendente Guillermo Cavagnero, la que todavía no ha sido concedida.
La reacción de la clase política
Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo aguardarán la resolución de la Justicia de Villa María sobre el tema. Los tribunales intervienen a pedido del abogado que representa los intereses de la disco, Marcelo Martín Silvano. Analizan si es correcto el cierre dispuesto por el Gobierno en julio pasado, luego de un grave episodio que derivó en heridos. En esa ocasión, el intendente y su equipo juntaron todas las contravenciones en que habría incurrido el local y se decretó el cese de la habilitación.
No obstante, “Aruba” funciona porque el juez se lo permitió mientras resuelve la cuestión de fondo, que es determinar si es correcta o no la caída de la habilitación.
Ahora, ante la nueva avanzada del vecindario, el edil del radicalismo Javier Pérez consideró que le parece “poco ético que no tengamos respuestas” para la gente. “¿Qué respuestas podemos dar si el tema está en vía judicial?”, señaló en el Concejo.
La juecista Magalí Castro por su lado remarcó que “no ha llegado desde el Ejecutivo el expediente que pedimos”. El oficialista Raúl Artuso, en tanto, sostuvo que “no está en nuestras manos dar una respuesta porque corre por cuenta de la Justicia y es a la Justicia a la que le tienen que pedir explicaciones”.
Nora Bizzutti, edil de la Unión Cívica Radical, evaluó que “si tuviéramos lo actuado por el Ejecutivo, se les podría brindar explicaciones; son documentos públicos a los que tendríamos que haber podido acceder”. La oposición reiteró que solicitó el expediente del caso al DEM, pero no tuvo respuestas.
Mientras, la presidenta del Deliberante, Graciela Isaguirre, y la concejala Nuri Vélez subrayaron que Cavagnero se reunió en su momento con los vecinos, que incluso fue al barrio y que les llevó lo resuelto por el Poder Judicial. “No es que no fueron escuchados por el intendente”, aclaró Isaguirre.
Magalí Castro interpretó que “está bien que los vecinos se sigan movilizando hasta tanto obtengan respuestas y se resuelva el conflicto” y Artuso advirtió que “Aruba” podría demandar judicialmente al municipio en caso de que se caiga la autorización que le permitió construir y habilitar el boliche, lo que significaría un derecho ya adquirido.
“Los vecinos no pueden pagar el costo político del error de un funcionario”, le espetó la concejala del Frente Cívico en alusión a lo resuelto (o permitido, en todo caso) por el Gobierno de Marcelo Frossasco a mediados de la década de 2000, cuando le posibilitaron la apertura a la confitería pese a que esas tierras estaban destinadas a otra finalidad.
Ayer, fuentes legislativas consultadas por EL DIARIO indicaron que no habría reunión con el vecindario hasta tanto no haya una resolución judicial. No obstante, Isaguirre había sugerido en la sesión del martes pasado un encuentro entre frentistas, ediles y funcionarios del Ejecutivo, la que no se sabe si se concretaría.
